El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, se ha mostrado convencido este lunes de que la petición del PP de Ayamonte de una moción de censura al alcalde, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), responde a una intención de "desviar la atención" sobre otros asuntos.

En rueda de prensa, Ferrera ha asegurado que el PP quiere "desviar la atención" ante noticias como la publicada por el diario 'El País' que asegura que "el concejal del PP y delegado de Hacienda en Bollullos Par del Condado (Huelva), Francisco José Martín Carrellán, y Domingo López Gabarro, hermano de Dolores López, alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva) y diputada del PP en el Parlamento, han alquilado propiedades a Aqualia y a FCC, empresas a las que los Ayuntamientos han concedido la gestión de los servicios de agua y de basura".

Así, ha recordado al PP ayamontino que en las elecciones los ciudadanos "le dijeron que no gobernaran", por lo que les ha reprochado a los 'populares' que "pretendan gobernar a base de no respetar la intención de los ciudadanos". En su opinión, quieren "desviar la atención".

Por ello, Ferrera ha indicado que el PP quiere "ocultar" con la petición de la moción de censura otros temas como los relativos a Bollullos o Valverde, al tiempo que ha dejado claro que el PSOE en ambas localidades está "analizando" lo que está ocurriendo debido a que "impune no puede quedar".

Por todo ello, Ferrera ha criticado que "al PP se le llene la boca dando lecciones y no mire de puertas para dentro", al tiempo que se ha preguntado si "no había más naves que se alquilaran en esas localidades, o si no había familias que se pudieran beneficiar de esos alquileres que la de los miembros del PP".

Tras remarcar que es "importante" conocer la respuesta del PP sobre esta cuestión, ha hecho mención a otro asunto relativo con el Consistorio de la capital y que avanza el diario 'El Mundo'. En concreto, adelanta que el exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Huelva, José Luis Gallardo, recibió "más de 157.000 euros tras ser cesado de su cargo en enero de 2013, una cantidad que no se ajusta a la normativa vigente, según un informe elaborado por el propio Ayuntamiento onubense, que le reclama ahora al ex alto cargo la devolución de parte de esta indemnización".

Ferrera ha lamentado que el Consistorio "se endeude cada vez más" y luego lleve a cabo indemnizaciones como esta, cuando con una cuantía de 157.000 euros se puede hacer, a su juicio, un plan de empleo, por ejemplo. "¿Son conscientes de que mientras asfixian a los ciudadanos, nadie controla que a un exedil se le pague 157.000 euros de indemnización?", se ha preguntado el socialista.