La secretaria de Política Municipal del PSOE-A, Rafaela Crespín, ha garantizado este jueves que el partido "articulará los recursos materiales y humanos necesarios para que los ayuntamientos que quieran, no sólo los gobernados por socialistas, puedan recurrir como institución ante el Tribunal Constitucional" la reforma local planteada por el Ejecutivo nacional.

En rueda de prensa, ha asegurado que su partido será "el altavoz" de lo que piensan esa mayoría de alcaldes de la comunidad autónoma que "no tienen voz ni voto ni capacidad de decidir" ante la "batería de recortes" de derechos y de calidad de vida impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Crespín ha denunciado que los alcaldes andaluces no pueden expresar opiniones ni participar en la toma de decisiones que afectan a los ayuntamientos "en el órgano legítimo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)", porque el Partido Popular la mantiene "desarticulada" y "ni se nos convoca".

Ha explicado que, ante esta situación, PSOE-A ha constituido el Grupo Regional de Política Municipal y constituirá, a finales de enero o principios de febrero, el Consejo Municipal Andaluz para "dar voz" a los ayuntamientos y "seguir explicando a la ciudadanía" que la reforma local impuesta por el PP resta autonomía a los municipios, "abre una brecha social, fomenta la desigualdad y aumenta pobreza en los pueblos y ciudades".

Ha indicado que este grupo de trabajo específico "se unirá a los colectivos sociales" que están enfrentando las reformas sociales del PP y, en concreto, la reforma local, con el objetivo de colaborar en la explicación a la ciudadanía de que la próxima cita electoral, los comicios europeos de la próxima primavera, "es importante, porque las decisiones que obliga a tomar Europa a España afectan a la población".

De hecho, ha señalado que la reforma local de Rajoy "tiene oculta la orden europea de adelgazar a su mínima expresión la administración pública y acabar con empleos públicos, 40.000 puestos de trabajo municipales en Andalucía, y así se acaba con los servicios públicos".

Según la dirigente socialista, otro objetivo del Grupo Regional de Política Municipal es la elaboración de un "informe de impacto" de la reforma local, ya que el Gobierno de Rajoy se ha encargado de que "las medidas más drásticas para ciudadanía no se apliquen hasta después de las elecciones municipales, a sabiendas del daño que provocarán" y por exigencia de los alcaldes populares, "que no podrían seguir pidiendo la confianza de sus vecinos en las urnas si esta reforma entra totalmente en vigor".

"Queremos que la gente pueda de verdad saber que el PP hace lo que no dice y dice lo que no hace", ha incidido.

La cuarta acción de este equipo de trabajo del PSOE andaluz será apoyar a la Junta en el recurso contra la reforma local ante el Tribunal Constitucional (TC), así como "articular los recursos materiales y humanos necesarios para que los ayuntamientos que quieran, no sólo los gobernados por socialistas, puedan recurrir como institución" ante el citado tribunal.

En este sentido, Rafaela Crespín ha asegurado que el trabajo jurídico para estos recursos "está muy avanzado" por los técnicos del PSOE federal, y ha explicado que el partido en Andalucía trasladará toda esta información y asesoramiento a los consistorios para sus propias acciones judiciales.