El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, Rafael Sánchez, ha anunciado este miércoles que van a reclamar tanto en la Diputación como en los ayuntamientos de la provincia la creación de fondos de solidaridad para atender las necesidades de las familias que en Huelva se encuentran en situación de pobreza energética.

Según ha informado IU en una nota, Sánchez ha explicado que "con esta iniciativa que defenderán en el próximo pleno de la Diputación, así como en los ayuntamientos de la provincia, como el de la capital, pretendemos que estas instituciones ayuden a las personas en riesgo de exclusión social a poder hacer frente al pago de las facturas del agua, de la electricidad y del gas, garantizándoles que tengan cubiertos unos suministros energéticos básicos que eviten que se queden en situación de vulnerabilidad y sin poder acceder a dichos recursos".

Para ello, Izquierda Unida pide que la Diputación, en coordinación con los ayuntamientos, se dirija a las compañías eléctricas para recabar los datos relativos a los cortes de luz que se hayan realizado por impago durante el pasado año, con el fin de elaborar un censo de las familias que no tienen actualmente garantías de tener cubierto el acceso a un suministro energético básico. De este modo, los servicios sociales de la propia Diputación podrán encargarse de coordinar el acceso a las familias afectadas de las ayudas para luchar contra la pobreza energética en la provincia de Huelva.

Sánchez ha explicado que "la pobreza energética es una realidad que afecta a miles de personas y pretendemos que las instituciones intervengan y eviten la invisibilidad de este problema social".

En este sentido, el portavoz de IU en la Diputación ha precisado que en Andalucía durante los años 2012 y 2013 se han producido hasta 500.000 cortes de luz, después de que la factura de la energía eléctrica haya sufrido un incremento del 88 por ciento desde 2006 hasta la actualidad.

A su juicio, "el paro, la precariedad laboral y los salarios cada vez más bajos están generando bolsas de pobreza, con tres millones de hogares que no tienen garantizada el acceso a un suministro energético suficiente en todo el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística".

Izquierda Unida reclama también que se pongan en marcha, por parte del Gobierno central, medidas que garanticen a toda la ciudadanía unos suministros "vitales" de agua y energía en caso de insolvencia económica.

Finalmente, ha valorado medidas para hacer frente a la pobreza energética como la anunciada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, para garantizar unos mínimos "vitales" de agua potable y energía eléctrica para las 54.181 personas que reciben en Andalucía el salario social, o como la de Giahsa para no cortar el agua a personas en situación de exclusión social, además de las acciones de la Junta de Andalucía para poner en marcha una red de solidaridad alimentaria, el apoyo a comedores sociales y los convenios con los bancos de alimentos, para afrontar la situaciones de exclusión social que se manifiestan con la pobreza energética y la alimentaria.