Aquel que quiera construir ahora sólo tiene que cumplir las reglas del Plan Xeral de 1993.

Por otra parte, el concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, advertía hace dos semanas de que «hay unos 4.000 edificios con sentencias de derribo pendientes» porque el plan de 1993 los consideraba ilegales. El Concello insiste en que éstos se salvarían con la aprobación del nuevo PXOM, hecho que fue negado por el concejal socialista Mauricio Ruiz. Según él, la legalización de esas sentencias «no se realizaría de manera automática».

Ruiz cree que hay determinadas construcciones que, «por causar impacto en un patrimonio histórico», resultan ilegales hasta para el nuevo plan. Además, el socialista cree que, si se recurre a los tribunales, «alguien podría llegar a demostrar que el nuevo plan se está utilizando para que esas sentencias no se ejecuten».

Mientras, el gerente de Urbanismo, Javier Rivas, dice «tener constancia de que ya se están moviendo proyectos de demolición en el Colegio de Aparejadores».

Una alternativa

El Concello podría tener ‘una bala en la recámara’. El plazo máximo para tramitar una licencia, por ley, es de tres meses y si la tramitación de las solicitudes que entren en la Gerencia se retrasa, podría darse el caso de que el nuevo PXOM se apruebe. Rivas cree que «se perdería mucho dinero en indemnizaciones si hacemos eso».

Manifestación en Santiago

La Federación de Asociaciones de Vecinos convocó ayer una manifestación el sábado 24 de febrero en Santiago en contra de la decisión de la Xunta de no aprobar el PXOM y pedirle varias correcciones al Concello. Según el movimiento vecinal, «Vigo ya no puede aguantar más viendo cómo las instituciones estrangulan a la ciudad». Además del Plan Xeral, los vecinos pedirán la llegada del AVE, reformas en el aeropuerto de Peinador y la reforma del segundo cinto, entre otras.