El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que dejará "sin efectos" la privatización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso. La decisión ha venido acompañada de la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que asume la responsabilidad "tras no haber conseguido" sacar adelante el proyecto.

¿Qué era la privatización sanitaria?

Se trataba de la privatización de la gestión de seis hospitales públicos de Madrid. La Consejería de Sanidad creía que con este método se ahorrarían 130 millones de euros y, a la par, se mantendría la calidad del servicio. Los médicos y sindicatos aseguran que el Gobierno regional daba por hecho que el sistema privado funcionia mejor que uno público sin presentar pruebas al respecto. Por contra, la Consejería de Sanidad argumentaba que el sistema actual es "insostenible" y que se privatizaría solo la gestión, por lo que la titularidad de los centros seguiría siendo pública y gratuita. Para hacer frente a las facturas, la Comunidad de Madrid pagaría un canon a las empresas adjudicatarias. Este canon dependía del coste del gasto sanitario por paciente de cada uno de los hospitales.

¿De qué hospitales se trataba y cuáles eran las empresas adjudicatarias?

Eran el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Cristina (Parla), el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Tajo (Aranjuez), el Del Sureste (Arganda del Rey) y el Infanta Leonor (Vallecas). En la récamara queda el plan para privatizar 27 centros de salud, un proceso que todavía no ha sido presentado y sobre el que los jueces no decidirán (de momento), aunque el ya exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ya anunció en noviembre que el concurso "saldrá a la luz en cualquier momento". Las empresas concesionarias eran Sanitas (se presentó para el hospital del Henares), Ribera Salud (hubiera gestionado los hospitales de Vallecas y Arganda) e Hima San Pablo, una sociedad de Puerto Rico, que se hubiera hecho cargo del Infanta Sofía, del Infanta Cristina y del Hospital del Tajo. Todas ellas tienen más de cuatro años de experiencia en el sector y su concesión era por un máximo de diez años.

¿Por qué los trabajadores y sindicatos estaban en contra?

Los puestos de trabajo del personal eventual e interino (se calcula que son unos 3.000, más de la mitad de la plantilla) peligraban, ya que aunque las concesionarias tenían la obligación de incluir a estos trabajadores en su plantilla, podrían modificar sus condiciones laborales con el fin de ahorrar costes. El personal fijo (unos 2.000), sin embargo, podría elegir entre quedarse en el sistema madrileño de salud (y que sea la Comunidad de Madrid la que abone sus nóminas) o ingresar en la plantilla de la concesionaria conservando sus condiciones actuales.

¿Por qué decide la sala de lo contencioso?

El TSJM juntó todos los recursos contra la privatización en una sola sala para simplificar el proceso y para que no se llegaran a fallos contradictorios por distintos juzgados sobre la misma cuestión, algo que ya ha ocurrido. Ahora, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación"

¿Por qué fue tan polémica juntar todos los recursos en una única sala?

Porque el PSM denunció que Gerardo Martínez Tristán, el magistrado que en un principio se iba a hacer cargo de la causa, no era imparcial en el caso al estar casado con una consejera del PP de Castilla-La Mancha. El TSJM archivó la recusación del PSM pero, hace poco, Tristán fue sustituido por Miguel Ángel Vegas después de que este último fuera nombrado vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, la cuestión era tan primordial para el PSM, que conllevó la renuncia de su líder, Tomás Gómez, a su escaño en el senado.

¿Por qué se suspendió la privatización a nivel judicial?

Según el TSJM, era necesario suspender el proceso en espera de que los tribunales se manifestaran definitivamente sobre el mismo ya que, de invalidarlo, la privatización ya estaría tan avanzada que sería imposible echarla atrás. El Gobierno regional esperaba que las empresas estuvieran funcionando en los hospitales este mismo año. En julio el TSJM ya había suspendido el proceso, pero tuvo que levantar la paralización dos semanas después debido a que el PSM, uno de los denunciantes, no era parte "legitimada" en el concurso. Sin embargo, la suspensión de octubre se debía a una denuncia de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), a la que los jueces sí veían "interés legítimo".

¿Por qué se interponen los recursos y en qué consisten?

De los siete recursos, tres son de la Comunidad de Madrid para pedir que se revoque la suspensión. Las causas más importante tienen al PSM, a CC OO y a las asociaciones médicas Amyts y Afem como denunciantes. Aparte de considerar que el proceso va en contra "de los derechos fundamentales" y el principio de igualdad que dicta la Constitución, los recursos denuncian que la licitación ha incurrido en varias irregularidades, sobre todo en cuanto a las condiciones firmadas, que fueron modificadas a última hora (cuatro días antes de que finalizara el periodo de presentación de ofertas) para disminuir en un 90% los avales económicos que debían presentar las empresas en caso de que incumplieran el contrato. Según los jueces, esta corrección podría haber limitado el principio de "libre concurrencia competitiva", ya que seguramente el número de aspirantes hubiera sido mucho mayor de haberse conocido antes la cuantiosa reducción de los avales. Además, el PSM solicitó este miércoles suspender el Pleno ya que el TSJM no había comunidado la identidad de los 50 jueces que deberán decidir sobre el asunto.

¿Es la primera vez que se lleva a cabo una privatización hospitalaria?

No. Este es un proceso muy largo que comenzó realmente hace más de diez años, con los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela al frente de la Consejería de Sanidad. El pasado octubre ambos fueron imputados por su gestión durante esta etapa, cuando se externalizó las gestión sanitaria de los hospitales Infanta Elena (en Valdemoro),  Rey Juan Carlos (en Móstoles) y el Hospital de Torrejón de Ardoz. Se trata de otro proceso judicial que versa sobre una denuncia de la Afem. Güemes y Lamela están imputados por prevaricación y cohecho por, supuestamente, haber beneficiado a ciertas empresas durante este primer proceso de privatización sanitaria, en algunas de las cuales ocupan, a día de hoy, ya retirados de la política, cargos importantes. La lista de imputados incluye también a toda la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty), entre ellos Antonio Burgüeño, actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. Además, Cataluña y Comunidad Valenciana ya han probado con este tipo de gestión sanitaria.

¿Qué hubiese ocurrido si el proceso saliera adelante?

Si la justicia hubiera dado la razón a la Comunidad, la Consejería de Sanidad podría continuar con la privatización. Afem ya había anunciado que presentaría más recursos contra el proceso, lo que hubiera podido volver a ralentizar la externalización.