La plataforma de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados por la problemática abierta tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones —unos 840 en total— ha convocado nuevas concentraciones por su situación a partir de las 11,30 horas de este miércoles 8 de enero frente a las delegaciones territoriales de Educación de Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Almería y Córdoba, tras los actos de protestas del 3 de enero y del pasado 27 de diciembre, cuando celebraron una comida de Navidad frente al Parlamento andaluz.

De este modo, Esther Porquicho, una de las empleadas afectadas, ha señalado en declaraciones a Europa Press que este miércoles la petición principal será que el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, "deje de darle vueltas al tema" y "se siente ya a solucionarlo", después de que éste afirmase el pasado viernes en Jaén que "le gustaría llegar a un acuerdo lo antes posible" con los sindicatos educativos en relación a la situación de los monitores y señalase que está "abierto a la negociación".

Asimismo, el colectivo ha creado una petición en la plataforma digital 'change.org' en la que solicitan la homologación inmediata de la titulación a través de la experiencia en los puestos como monitor escolar, que ya ha recabado más de 6.000 firmas, según ha destacado en Porquicho.

De esta homologación, aducen, depende el trabajo de más de 800 personas que accedieron a sus puestos sin necesidad de esta formación específica en mayo de 2006 y que vienen realizando sus funciones en condiciones "precarias" a través de subcontratas "que no les han pagado nunca más de cinco euros la hora trabajada, sufriendo impagos, retrasos, salarios muy por debajo de su categoría profesional y vulneración de sus derechos fundamentales".

"Tras llevar casi ocho años soportando esta situación, ven como la Junta de Andalucía toma las medidas necesarias para regularizar la situación de los puestos, tomando como principal premisa que estos trabajadores queden excluidos de dicho proceso", lamentan los afectados, para los que esta iniciativa supone "una clara represalia ante la petición de estos trabajadores de respetar las condiciones legales de contratación y no permitir más la precariedad del empleo en puestos de la administración pública".