El abandono y estancamiento que padece el emblemático barrio marinerio del Cabanyal tiene los días contados.

El Diari Oficial de la Comunitat (DOCV) ha publicado este martes la convocatoria para dentro de un mes de una reunión entre el Gobierno y la Generalitat, en la que también participará el Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de establecer fórmulas que permitan adaptar el Plan Especial de Reforma Interior del barrio (Pepri) para que no choque con la orden del Ministerio de Cultura que en diciembre de 2009 paralizó todas las actuaciones del Pepri.

En la práctica, la reunión consistirá en acordar un nuevo proyecto entre las tres administraciones, puesto que difícilmente se puede compatibilizar la prolongación de Blasco Ibáñez a través del barrio, que supondría la destrucción de 1.600 viviendas, con una orden ministerial que justamente considera que la ruptura de su trama urbana, protegida como Bien de Interés de Cultural (BIC), supondría un expolio.

Además, el Gobierno ya confirmó la semana pasada en respuestas al diputado de Esquerra Unida (EU), Ricardo Sixto que, lejos de suprimir la orden de Cultura, el nuevo proyecto debe garantizar "la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del Cabanyal", es decir, su trama urbana. El Ejecutivo de Rajoy, además, garantizó la suspensión de los derribos en el barrio "hasta que concluya la adaptación del plan".

Esta negociación entre las tres administraciones surge tras el compromiso adquirido por el Gobierno central de retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Pepri por su antecesor, el socialista Zapatero.

Y es que una sentencia en contra del alto tribunal hubiera dejado a los pies de los caballos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, principal valedora de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

Con todo, fuentes municipales aseguraron que el Ayuntamiento no renuncia al proyecto e insistieron en que es compatible con la orden ministerial.

Sin embargo, las mismas fuentes no explicaron cómo puede convivir una ley que prohíbe los derribos en el barrio con un plan que prevé 1.600 demoliciones.

El portavoz de la asociación de vecinos del Cabanyal, Vicente Gallart, aseguró que, tras la confirmación del Gobierno de que la adaptación del Pepri debe respetar la orden ministerial, "cualquier tipo de derribo queda descartado, tanto la prolongación de Blasco Ibáñez, como el bulevar San Pedro". Por este motivo, exigió a la alcaldesa, Rita Barberá, que se olvide "de ese plan de una vez por todas y que se centre en la rehabilitación del barrio".