Los acusados en la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes, han solicitado que se anule el juicio y que se retrotraigan las actuaciones a la fase de instrucción al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales. Asimismo, algunos de ellos han cuestionado el "doble juego" de la Abogacía de la Generalitat ya que inicialmente actuó como defensa de algunos imputados y posteriormente lo hizo como acusación.

Así se han pronunciado los abogados de los acusados en el primer día de juicio —destinado a cuestiones previas— que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En la causa figuran como acusados el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y diputado del grupo de los No Adscritos en las Corts, Rafael Blasco; el empresario Augusto César Tauroni, único en prisión; el que fuera subsecretario de la Consellería, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera.

Los letrados han expuesto sus alegaciones y tras algo más de tres horas, al concluir, la presidenta del tribunal valenciano, Pilar de la Oliva, ha dado por finalizada la vista de este martes que se retomará mañana, a las 10 horas, con el turno de las acusaciones, quienes atribuyen a los imputados un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y delito de falsedad documental. Sobre lo solicitado, el tribunal podría resolver mañana mismo alguna o todas las cuestiones planteadas —antes de pasar a las declaraciones de los imputados—, mientras que si lo estima oportuno también podría pronunciarse sobre las mismas cuando dicte sentencia, tal y como lo permite la ley.

La mayoría de los abogados han coincidido en sus exposiciones y sostienen la petición de nulidad en la vulneración del derecho de defensa. Por este motivo, han insistido en que sería conveniente retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción, e incluso el abogado de Blasco ha ido un paso más allá y también ha requerido que se unan las dos piezas que obran en este procedimiento —la segunda todavía está en fase de investigación— por seguridad jurídica.

Asimismo, este abogado ha incidido —al igual que otras defensas— en que su representado no ha podido defenderse, en ningún momento del proceso, sobre nuevas imputaciones "falsarias" puestas de manifiesto en 2013 tras la remisión de una nueva documentación sobre la legalidad de las ayudas por parte de la Generalitat y la declaración de algunos testigos. Al respecto, ha indicado que cuando declaró Blasco y cuando se emitieron los autos de remisión y de aceptación de asunción de competencias no se hacía alusión a esta nueva documentación —diferente a los expedientes de ayudas de 2008—, lo que le ha provocado "indefensión". Este letrado hablaba de "acusaciones sorpresivas" en relación al delito de falsedad documental.

"estrepitosa ilegalidad"

Por su parte, tanto el abogado de Catalá como el de Felip han cuestionado el "doble juego" de la Abogacía de la Generalitat y su "estrepitosa ilegalidad" al actuar inicialmente como defensa de sus representados y posteriormente hacerlo como acusación popular, lo que a su entender les ha provocado una "grave" indefensión. "Está prohibido taxativamente acusar a quien se defendió, no hay duda ninguna", han mantenido. Por este motivo el letrado de Catalá ha solicitado a esta parte que retire la acusación contra su representado.

Al respecto, éste ha expuesto que cuando Catalá fue citado a declarar por estos hechos en febrero de 2012, solicitó asistencia letrada a la Generalitat, y mantuvo una reunión en la Ciudad de la Justicia con la abogada jefe de la Generalitat, el director general y el secretario autonómico de Justicia, en la que dio su versión de los hechos y recibió una serie de consejos.

En su declaración en instrucción, Catalá fue representado por un abogado de la Generaitat, y éste "hizo preguntas a hacer ver que su cargo le eximía de cualquier responsabilidad de tramitación en los expedientes de Cooperación". Sin embargo, transcurrido un tiempo, este letrado "dejó de contestar las llamadas de Catalá", y fue justo tras presentar su escrito de acusación, en el que le solicita 10 años de prisión.

En esta línea, el abogado de Felip ha puesto de manifiesto el "flagrante doble juego" que la Generalitat hizo con su representado, quien también recibió inicialmente asistencia de la Abogacía en octubre de 2010, cuando se conocieron algunos hechos: "en ese momento, el director general de la Abogacía le aconsejó por primera vez lo que debía hacer para defenderse de las acusaciones". Felip le puso de manifiesto entonces todas sus tesis y opiniones y desde la Abogacía le defendieron hasta julio de 2011, "fecha en la que toma posesión del cargo el nuevo presidente de la Generalitat, que parece que cambió de opinión".

"presunción de culpabilidad"

Por su parte, el abogado de Tauroni ha aludido a que ha existido en el procedimiento una "manifiesta vulneración del principio de imparcialidad objetiva": "la presunción de inocencia pasó a ser para Pía Calderón presunción de culpabilidad, hasta el extremo de que toda la instrucción se ha dirigido y ha sido ordenada para dar cobijo a las tesis de las acusaciones".

Al respecto, se ha referido a las declaraciones testificales que tuvieron lugar en Miami y en Nueva York a instancias de Fiscalía, que se hicieron "a espaldas y sin conocimiento ni consentimiento por parte de las defensas". En ellas, la magistrada "dirigió interrogatorios dando por sentados hechos que no están probados". "Desde el mayor de los respetos, mantenemos que la magistrada ha sido siempre parcial", ha agregado.

Este mismo letrado también ha criticado el "mal llamado" informe pericial realizado por el Interventor del Estado, por la manera en la que se encargó, al tiempo que ha solicitado la nulidad de uno de los autos de instrucción por el que se acuerda la intervención, grabación y escucha de teléfonos móviles.

Por otro lado, la abogada de Tina Sanjuán ha expuesto que se seguían los mismos criterios desde las consellerias a la hora de adjudicar ayudas, y como ejemplo ha aludido a unos expedientes solicitados a la Conselleria de Bienestar Social y que han sido aportados recientemente al proceso, en los que se pone de manifiesto que "no se cumplían los requisitos sobre los que ahora tantos reproches se están haciendo". "O se sigue un criterio de inflexibilidad para todos y todos están al mismo nivel, o no debería hacerse así", ha comentado.

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