El Gobierno andaluz aprobará en el primer trimestre de este año nuevas medidas normativas para agilizar la actividad económica en Andalucía y simplificar los trámites administrativos que afectan a la creación de empresas. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha presentado este martes ante el Consejo de Gobierno esta iniciativa, dirigida a favorecer la inversión en la comunidad autónoma.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha dado cuenta de dicho informe, apuntando que una prioridad es la reducción de "trabas burocráticas" para la creación de empresas, sobre todo, en aquellos sectores con mayor importancia económica.

La Junta ha analizado 1.313 procedimientos administrativos de su competencia, con especial atención a los 691 que se vinculan a la puesta en marcha o desarrollo de actividades económicas. De estos últimos, desde junio de 2011 ya se han simplificado 156, más de la mitad de ellos sustentados en normativa exclusivamente autonómica. Las nuevas medidas previstas mejorarán los 535 restantes (315 con fundamento en la legislación estatal y 220 basadas en la autonómica), además de iniciar líneas de agilización para los trámites de ámbito local.

La normativa que prepara el Gobierno andaluz, con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos, abordará directamente los 220 procedimientos con fundamento exclusivo en la normativa autonómica.

Fundamentalmente, la Junta modificará aquellos trámites que puedan facilitar la inversión productiva en los sectores económicos más relevantes; introducirá medidas para reforzar los derechos de consumidores, trabajadores y empresas, y simplificará y evitará duplicaciones en requisitos de creación de empresas como los relativos a inscripciones en registros y renovación de autorizaciones.

Además, el Consejo de Gobierno aprobará, según ha expuesto Jiménez Barrios, un 'mapa de procedimientos de autorización' con información exhaustiva y sistematizada sobre cada uno de ellos. Otra de las medidas previstas es el reforzamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia como organismo regulador y supervisor en esta materia.

Respecto a la simplificación de las 315 autorizaciones basadas en la normativa estatal, el Gobierno andaluz propondrá la priorización de aquellas vinculadas a los sectores de mayor peso económico. La propuesta se presentará ante el Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, organismo de cooperación entre las administraciones estatal y autonómica que se creó en 2011 con la Ley de Economía Sostenible.

De los 535 procedimientos que se prevé mejorar, vinculados tanto a la normativa estatal como a la autonómica, 330 (61,7%) afectan al inicio de la actividad económica, mientras que 205 (38,3%) se relacionan con su desarrollo.

Finalmente, en relación con los trámites de competencia local, la Junta planteará que las medidas se centren en reevaluar las ordenanzas municipales, con especial atención a las que afectan a actividades económicas en municipios de tamaño medio o grande. Asimismo, un grupo de trabajo con las Diputaciones Provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se encargará de impulsar iniciativas de simplificación en los municipios de menor tamaño.

El análisis para las nuevas medidas de agilización y simplificación ha sido elaborado por un grupo de trabajo coordinado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y compuesto por técnicos de las consejerías de la Presidencia; Administración Local y Relaciones Institucionales; Hacienda y Administración Pública, y Economía Innovación, Ciencia y Empleo.

Procedimientos simplificados

La entrada en vigor en junio 2011 de la Ley de medidas para potenciar inversiones empresariales, y de simplificación administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en Andalucía, ha supuesto hasta ahora la mejora de 156 procedimientos. El 42,9% de los mismos se ha simplificado a través de la adopción del régimen de 'libre prestación de servicios', que hace innecesaria la comunicación a la Administración autonómica para el inicio o desarrollo de una actividad económica.

En el 28,8% de los casos se ha optado por la fórmula de la 'comunicación previa' (limitada a la notificación) y en el 28,2% por la 'declaración responsable' (que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de la actividad).

Por sectores económicos, el 23,7% de las autorizaciones simplificadas se ha concentrado en la construcción; el 20,5% en el comercio y la hostelería; el 18,6% en actividades profesionales y el 7,1% en iniciativas de formación. El resto se reparte entre suministro de agua, gestión de residuos y actividades recreativas y de entretenimiento, información y comunicaciones, así como otras relacionadas con el sector primario.

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