El exalcalde de La Rambla (Córdoba) y actual portavoz del PSOE, Manuel Fernández Campos, acusado de un delito de prevaricación en relación a un contrato que supuestamente no se ajustó al ordenamiento jurídico, ha manifestado este martes ante el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba que no le advirtieron "de nada" ni la secretaria ni la interventora municipal, en cuanto a la actuación o reparos en informes durante la tramitación de dicho contrato para la Unidad de Estancia Diurna, en el edificio de la Aduana.

Durante su declaración en el juicio, que ha quedado visto para sentencia y en el que el exregidor se enfrenta a una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación que solicita la Fiscalía Provincial, Fernández ha comentado que tuvo conocimiento del informe sobre reparos a raíz de su imputación en este caso, al tiempo que justifica el hecho de que estuviera su firma en que él leyó "la parte resolutiva" y agrega que la interventora no le advirtió de reparos.

En este sentido, lamenta que se fiara de la interventora cuando firmó, horas antes de abandonar la Alcaldía tras perder las elecciones municipales de 2011, a lo que añade que "lo más fácil era no firmar el decreto", porque, "ya no era nada" ni tenía interés alguno en este caso dado que ya abandonaba el cargo, ha defendido, para destacar que siguió con el procedimiento en todo momento "de buena fe", sin que le advirtieran, ha remarcado el exalcalde.

De este modo, ha asegurado que no tenía conocimiento de que él estuviera cometiendo alguna irregularidad, puesto que "la interventora no comentó nada", reitera, y ha precisado que varios meses después es cuando le informan de que había "un follón" y en reuniones posteriores le cuestionan "qué es lo que ha trincado" con el referido contrato, al tiempo que ha indicado que el actual alcalde, Juan Jiménez (IU), le "amenazó".

En definitiva, el ex primer edil ha negado los hechos de los que le acusa la fiscal, que detalla en su calificación que el exregidor solicitó una subvención a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta el 12 de enero de 2010, con el fin de "equipar con el mobiliario ergonómico adecuado, la Unidad de Estancia Diurna, sita en el edificio de la Aduana".

Posteriormente, el 15 de julio de ese mismo año, Fernández Campos aceptó el importe propuesto por la Junta, que ascendía a 28.159 euros, "con el compromiso de justificar los gastos realizados", según relata el fiscal, que precisa que la cantidad está a disposición del Ayuntamiento el 22 de diciembre de 2010.

"se eludieron normas"

No obstante, según la fiscal, el entonces regidor emitió dos decretos "adjudicando el contrato de suministro de aprobación del gasto y pago a una empresa, prescindiendo, a sabiendas, de las más elementales normas del procedimiento, puesto que firmó las resoluciones administrativas en contra el informe de la Intervención".

Al respecto, el órgano fiscalizador informó de la prohibición del fraccionamiento del objeto de contrato de suministros cuando la cuantía excede de 18.000 euros. "Se eludieron, por tanto, las normas imperativas por razón del total —procedimiento negociado sin publicidad— y, en consecuencia, se evitó el control administrativo correspondiente al Pleno", recoge el escrito de acusación.

Tras ello, el importe de la subvención fue devuelto a la Junta a finales de 2011, a través de un procedimiento administrativo de compensación con la participación del Ayuntamiento en los tributos de la Comunidad, "sin generar perjuicio alguno a la administración".

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