La intención de las autoridades belgas de expulsar del país a una ciudadana italiana y a su hijo por carecer de medios para subsistir ha reavivado el debate sobre la expulsión de ciudadanos de la Unión Europea (UE) en Bélgica, cuya cifra se ha disparado en los últimos años.

Silvia Guerra, de 38 años, artista y residente en Bélgica desde hace tres años, recibió hace unas semanas un aviso de las autoridades belgas, que le invitaban a abandonar el país por constituir una carga para el sistema social.

El caso de Silvia, que ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión, ha tenido amplio eco en la prensa italiana, que ha criticado la tendencia de las autoridades belgas de expulsar a extranjeros intracomunitarios.

No es la primera vez que la prensa extranjera expresa preocupación por ese motivo, ya que en 2013 muchos medios franceses denunciaron la situación, después de que más de un centenar de ciudadanos franceses fueran invitados a abandonar Bélgica.

Según los datos facilitados por el Ministerio belga de Asilo e Inmigración, en los últimos años se ha producido un importante aumento de las expulsiones de europeos que no disponen de medios suficientes para subsistir.

Mientras en 2010 fueron expulsados 343 ciudadanos de la UE, la cifra subió a 965 en 2011, y se duplicó en 2012, con 1.918 expulsiones. Según la titular belga de Asilo e Inmigración, Maggie de Block, hasta septiembre de 2013 se puso fin a la residencia en Bélgica de 1.130 ciudadanos europeos.

La razón evocada para justificar la mayoría de esas expulsiones, que en ocasiones afectan a personas que residen desde hace muchos años en el país, es la "carga irracional" para el sistema social, un concepto que contempla la Directiva europea que regula la libre circulación de los ciudadanos en la UE.

La legislación comunitaria establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses sin tener que ser sometidos a ninguna condición o formalidad más que la de tener un carné de identidad o pasaporte válidos.

Para las estancias más prolongadas la libertad se condiciona a no representar una "carga irracional" para el sistema de ayuda social del país de acogida.

En los últimos meses, y en particular con motivo del levantamiento desde el 1 de enero de las restricciones a los trabajadores búlgaros y rumanos, se ha extendido en la UE el debate sobre los abusos de los sistemas sociales de los Estados miembros.

El Reino Unido, uno de los países que más agita esos temores, anunció que tiene previsto aplicar nuevas medidas para frenar el impacto del fin de esas restricciones, incluida la limitación de los beneficios sociales y las ayudas a la vivienda o la deportación de los europeos que estén en la calle por falta de un lugar de residencia.

También en Holanda hay preocupación al respecto. Según datos recientes del Instituto de Investigación Social de ese país, casi seis de cada diez neerlandeses creen que los europeos del este "abusan" del sistema de seguridad social nacional.

Y en Alemania, la pretensión de los conservadores de Baviera (sur del país) de restringir el acceso de los inmigrantes al sistema de prestaciones sociales germano ha provocado el primer roce en la coalición de Gobierno de la canciller, Angela Merkel, con el Partido Socialdemócrata (SPD).