La Diputación de Huelva se ha acogido al procedimiento habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para solicitar subvenciones para la reparación de los daños ocasionados por las lluvias de 2012 en la red viaria de las diputaciones provinciales. El presupuesto de las actuaciones solicitadas asciende a un total de 1.286.592 euros.

Según ha explicado el diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, en un comunicado, las carreteras para las que se ha solicitado subvención son la HU-6104 (Riotinto-Las Delgadas), la HU-5103 (N-435 a El Pozuelo) y la HU-9102 (Cumbres de San Bartolomé a la HU-9103). Por su parte, los caminos rurales objeto de la solicitud son el HV-5028 (de Las Delgadas a Marigenta) y el HV-5132 a Tujena, en el término de Paterna del Campo.

De esta manera, el presupuesto total de las actuaciones solicitadas asciende a 1.286.592 euros y, en caso de concesión, la subvención del Ministerio ascenderá a un máximo del 50 por ciento del presupuesto de cada actuación, "corriendo el resto del importe a cargo de la Diputación", ha informado Márquez.

El diputado de Infraestructuras ha manifestado que la concesión de la subvención "permitirá mejorar la red viaria de la Diputación, mediante la reparación de los daños ocasionados por las lluvias durante 2012, al tiempo que permitirá realizar una inversión que contribuirá a estimular la economía de la provincia y a crear empleo".

Así, recuerda que la Orden Ministerial que regula el procedimiento de concesión de subvenciones tiene fecha de 15 de octubre y está previsto que a final de enero se haga pública la resolución mediante la que se conceden las ayudas. Las entidades beneficiarías tendrán tres meses, a contar desde la fecha de publicación de la citada resolución, para adjudicar las obras, que deberán estar finalizadas, con carácter general, en un plazo de 18 meses.

El procedimiento de concesión de la subvención es "detallado y estricto" y exige, entre otra información, el detalle de la circunstancia que originó el daño, fotografía del estado de la infraestructura, la fecha en que se produjo el daño o una certificación que acredite la relación de causalidad entre la circunstancia catastrófica y la actuación de reparación que se propone.