La Federación de Enseñanza de CCOO se ha alegrado de que en la primera jornada hábil de 2014 se haya producido el pago, aún 'in extremis', de la cantidad restante (3,6 millones de euros) de la partida de gastos de funcionamiento pendiente del presupuesto de 2013 de los centros educativos públicos.

"Este hecho rompe con una lamentable trayectoria anterior en la que la Consejería de Educación ha dejado de ingresar a los centros educativos públicos el 60 por ciento de la partida correspondiente al año 2011 y el 25 por ciento de la correspondiente al año 2012", han criticado.

Y es que, la partida de gastos de funcionamiento ha experimentado en los últimos años una disminución del 29 por ciento siendo uno de los aspectos en los que "más destacadamente se han hecho notar los recortes en educación", según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

Estas cantidades, continuán, "son imprescindibles para el normal funcionamiento de los centros educativos, pues de ellas dependen en los IES y centros de Enseñanzas de régimen especial y de educación de personas adultas gastos como el agua, la luz o la calefacción".

Por ello, CCOO, al tiempo que se alegra por esta noticia, "lamenta que la alegría no pueda ser extensible a la situación de las retribuciones específicas del profesorado responsable de los comedores escolares".

"Estos profesionales docentes no han cobrado aún las retribuciones correspondientes a los servicios prestados por esta labor durante el curso 2012/2013. Hasta 2012 este servicio se cobraba en un pago anual (correspondiente al curso académico anterior) que solía recibirse en el mes de septiembre. Sin embargo el año pasado no se ha cobrado ni en septiembre ni en ninguno de los meses posteriores", explican.

Asimismo, señalan que en similar situación a los Responsables de Comedor se encuentra el profesorado participante en el Servicio de Atención Educativa Domiciliaria.

Desde CCOO reclaman que la Consejería incluya en sus prioridades el pago de las cantidades que se le adeudan al profesorado murciano, "sin tener que dar lugar a una campaña de reclamaciones como ha ocurrido con la dotación económica de los centros educativos".