El Gobierno central y la Junta de Andalucía compartirán el uso de tecnologías de la información para ahorrar costes y facilitar la gestión del proceso electoral durante la celebración de los comicios, tanto si hay concurrencia de elecciones como si no, según un convenio de colaboración que han firmado la Consejería de Justicia e Interior de la Junta y el Ministerio del Interior.

En el convenio, según informa la administración andaluza en un comunicado, se dispone que las dos administraciones facilitarán el uso conjunto de las tecnologías a fin de permitir una gestión más eficaz de los recursos públicos necesarios para el tratamiento de los procesos electorales en el ámbito de la comunidad autónoma.

En el caso de que haya concurrencia de elecciones —autonómicas y de ámbito estatal— Gobierno y Junta procurarán el uso conjunto de las tecnologías de la información, como son las aplicaciones informáticas o los dispositivos móviles para la transmisión de datos durante la jornada electoral, así como el uso compartido de la infraestructura técnica para la captura, transmisión y difusión de los respectivos escrutinios provisionales, con el objetivo de introducir criterios de racionalización, eficacia y reducción del gasto público.

Además, en virtud de este convenio, ambas administraciones podrán proponer un diseño de modelo o sistema común de transmisión de los datos electorales que se generen durante la jornada electoral y que permitan su uso conjunto, y también realizar las gestiones necesarias para su puesta en funcionamiento.

Por otra parte, en el caso de no haya una concurrencia de elecciones, la Junta podrá solicitar al Ministerio del Interior el material electoral —urnas, cabinas, soportes de señalización— que sean necesarios para la celebración de los comicios autonómicos. Asimismo, podrá asumir el coste de la adaptación de las campañas elaboradas por la administración del Estado para fomentar la participación ciudadana.

Este convenio, que tiene de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, ya ha sido suscrito también por otras trece comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Cantabria, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares y Galicia.

El acuerdo estipula la constitución de una comisión de seguimiento, formada por representantes de las administraciones andaluza y estatal, que deberá reunirse al menos una vez al año para articular la colaboración entre los dos gobiernos en materia de gestión electoral y contribuir a una mayor eficiencia del convenio.