El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado esta mañana el Decreto por el que se crea la Comisión Institucional de La Rioja para la coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas en materia de violencia de La Rioja, según ha informado el portavoz del Ejecutivo riojano, Emilio del Río.

Esta comisión será el órgano colegiado de consulta, participación y coordinación de las administraciones públicas, instituciones y entidades jurídicas públicas o privadas involucradas en la prevención y erradicación de la violencia en la región.

Estará presidida por el responsable de la Consejería de Presidencia y Justicia y contará con un vicepresidente y con diecinueve vocales en representación de las administraciones públicas, instituciones y entidades implicadas en la prevención y erradicación de la violencia: la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Delegación del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la Fiscalía Superior, el Instituto de Medicina Legal de La Rioja, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, la Federación Riojana de Municipios y los Colegios profesionales de Médicos, Abogados, Psicólogos, Periodistas y Procuradores.

Entre sus funciones destaca elaborar el Plan Sectorial de sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas y analizar la efectiva aplicación de los protocolos de actuación elaborados por el Pleno del Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas del maltrato doméstico, violencia de género y agresiones sexuales de La Rioja.

Además, promoverá y aprobará nuevos protocolos de actuación especializados para cada tipo de violencia expresada en la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja. Estos acuerdos relacionarán todos los ámbitos implicados: el judicial, médico-legal, policial, de salud, social, informativo, de participación ciudadana y educativa.

También se encargará de poner en marcha planes de formación para los profesionales de las entidades implicadas en la atención a las víctimas del delito.