Hablamos de la decisión del Gobierno municipal socialista de Alcalá de Guadaíra de conveniar con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación provincial la recaudación ejecutiva y voluntaria de los impuestos municipales. Hasta el momento, esa labor recaía en la sociedad 'Coordinadora de Gestión de Ingresos' (CGI), adjudicataria en 2008 de un contrato promovido por el Ayuntamiento para la "prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos municipales de gestión, inspección y recaudación".

El desembarco del Opaef en el servicio municipal alcalareño de cobro y gestión de tributos ha desencadenado que los 20 trabajadores de CGI que realizaban las labores de recaudación para el Ayuntamiento alcalareño hayan sido despedidos este pasado martes con indemnizaciones de 20 días de salario por cada año de servicio.

Ante las sucesivas críticas derivadas de estos despidos, el concejal de Hacienda defiende, en un nuevo comunicado, que "este servicio, aunque se venía apoyando en una empresa, siempre se ha controlado desde lo público y no se ha interrumpido, continuándose la gestión con personal municipal". Sí reconoce que se está "en un proceso temporal de cambio, ya que el Ayuntamiento se está adaptando a la situación actual ante los cambios normativos introducidos por el Gobierno Central y la situación económica del país que afecta a las arcas municipales como a todos los ciudadanos".

Asimismo, Escudero ha puntualizado que la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) ha sido la que ha despedido a los trabajadores que tenía adscritos a este contrato, ya que "no ha conseguido ubicar a ninguno de dichos trabajadores en los otros proyectos que tiene en España. "Dichos trabajadores nunca han sido municipales y no tiene nada que ver con la decisión de los despidos, más allá de haber tomado la decisión de realizar los servicios de recaudación con medios propios y apoyo de la Diputación Provincial de Sevilla para ahorrar dinero a los alcalareños". El concejal socialista, además, atribuye la decisión de conveniar este servicio con el Opaef a la reforma promovida por el Gobierno central del PP en la administración local.

Con respecto a las previsibles tensiones de tesorería, "éstas ya se produjeron en el 2013 y no supuso ninguna paralización de la actividad municipal debido a las gestiones del Equipo de Gobierno". Recuerda así que "este año no habría habido ninguna tensión si la oposición hubiera aprobado la operación de préstamo de cinco millones de euros a devolver en diez años en lugar de sólo en 2014".