La Guardia Civil ha imputado a dos personas por un supuesto delito de falsedad documental relacionada con la baja definitiva de vehículos, tras detectar el pasado mes de octubre, en dos instalaciones de la localidad malagueña de Marbella, seis vehículos que se encontraban dados de baja y que, supuestamente, deberían haberse descontaminado y tratados, tal y como establece la normativa medioambiental.

Según ha informado este jueves desde el instituto armado, a través de un comunicado, agentes pertenecientes al Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de Marbella iniciaron la investigación a raíz de una inspección en una instalación de compra-venta de vehículos en dicha localidad.

Así, los agentes detectaron un primer vehículo desguazado, cuyo motor no había sido descontaminado, pese a que el mismo constaba de baja definitiva y cuyo certificado de destrucción indicaba que el mismo había pasado por un centro de tratamiento autorizado.

Esto les llevó hasta un taller de reparación de vehículos situado en el núcleo urbano de San Pedro Alcántara, donde los agentes comprobaron que, en dichas instalaciones, se realizaban supuestas operaciones no autorizadas de tratamiento y descontaminación de vehículos, almacenándose en dicho lugar, grandes cantidades de piezas de vehículos que eran comercializadas, localizando otros cincos vehículos dados de baja definitiva y que deberían haberse encontrado descontaminados en un centro autorizado de Algeciras (Cádiz).

Las gestiones realizadas permitieron conocer que los propietarios de los vehículos los llevaban a las instalaciones de San Pedro Alcántara, que servía de intermediario para que, un centro autorizado de tratamiento de vehículos de Algeciras (Cádiz) expidiera los correspondientes certificados de destrucción al objeto de dar de baja definitiva los vehículos.

Este centro, sin materializar la retirada de los vehículos y sin proceder a realizar las operaciones de tratamiento y descontaminación de los residuos peligrosos, tramitó la baja definitiva de los seis vehículos ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, presentando unos certificados de destrucción que acreditaban las operaciones de descontaminación en el citado centro, operaciones que nunca llegaron a realizarse.

La legislación vigente sobre las operaciones a realizar en un vehículo al final de su vida útil, establece la entrega del mismo a un Centro de Tratamiento para su descontaminación.

Por tal motivo, los agentes han imputado por un supuesto delito de falsedad documental a la persona que certificaba la destrucción de los vehículos y tramitaba su baja definitiva, y al gerente del Centro Autorizado de Tratamiento.

Asimismo, han sido intervenidos seis vehículos y han formulado denuncias administrativas a las instalaciones relacionadas con la supuesta falsedad documental por varias normativas medioambientales.

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