Una receta en una farmacia
Un farmacéutico dispensa una receta. EFE

Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo de este mes de enero el repago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero "con su propio criterio", según informan fuentes del Ministerio de Sanidad.

Según han aclarado, el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (SNS) definía que "cada comunidad autónoma tendrá su criterio al respecto (...), el criterio general fue que entrara en vigor, pero cada CC AA lo aplicará con su propio criterio".

La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de octubre se topó con la negativa de numerosas CC AA a su implantación. Así Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras País Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.

Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho repago por motivos de gestión en su implantación.

No todos los fármacos dispensados tenían esta consideración Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuentes de Sanidad señalaban que su puesta en marcha esta motivada por la necesidad de que todas las CC AA, "que son las que lo tienen que poner en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, y tras comprobar que "no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración". Por tanto, añadían, "antes de que las CC AA lo pongan en vigor Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida".

En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves -oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros- que, hasta ahora, estaban exentos de pago.

Estos medicamentos, según Sanidad, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del repago, será de un 10% del PVP del medicamento, con un máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26 euros -hasta ahora era de 4.20-, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Rechazo de médicos y pacientes

La medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por algunas comunidades y ha instado al Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Es una infamia y gestión desleal Mientras, el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha calificado al Real Decreto de repago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública;  mientras que desde UPyD destacaban la escasa recaudación de la medida.

En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la Administración ignore "sistemáticamente" la alta prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) remitía una carta a Mato expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer".