La Unión de Consumidores de Cantabria plantea adoptar la legislación francesa y aplicar sanciones para "regular y frenar los abusos del sector eléctrico", que este año "ha cortado el suministro a un millón y medio de españoles que no podían pagarlo".

La organización denuncia que la luz "sube cuatro veces al año -cada vez que hay una subasta energética- porque se especula con ella en mercados internacionales de futuros".

Asimismo, en un comunicado, alerta de que en España ha surgido "una nueva clase social" denominada "pobreza energética", formada por "millones de personas que no usan electricidad porque no pueden pagarla".

Según explica la Unión de Consumidores de Cantabria, el precio de la luz se determina a través de un sistema "opaco, sin intervención fiscalizadora de la administración y sin la presencia de representantes de los consumidores", como sería obligado por ley -explica la asociación-, "manejado a capricho por agentes (a veces fondos de inversión) que efectúan previsiones a futuro sobre el precio de la energía".

"Es un presunto ejercicio de libertad de competencia que, en realidad, revalida el oligopolio de compañías energéticas, acostumbradas a presionar al Gobierno y comprar a la clase política con un retribuido retiro como consejeros cuando finalice su mandato público", manifiestan desde UCC. En su opinión, "el mercado libre que nos han vendido no existe y los ciudadanos estamos cautivos de intereses extranjeros y especulativos".

SOLUCIONES

Sin embargo, la Unión de Consumidores de Cantabria considera que "hay solución", y que ésta pasa por fijar los precios de forma "clara y pública", regular el corte de suministro en caso de impago, sancionar "ejemplarmente" a las entidades que no cumplen las normas de mercado y los criterios de calidad de atención al usuario y "no dejar en manos de intereses privados lo que es de todos, como la luz o el agua, máxime cuando no hay competencia real, sino manipulación de precios".

En este sentido, se muestra partidaria de adoptar la regulación francesa (Ley 'Brottes', de 15 de abril) que, entre otras cuestiones, en caso de impago, prohíbe cortar el agua y la luz y reducir la potencia a tres kilowatios/hora, para mantener un mínimo de subsistencia.

Al hilo de lo anterior, apunta la posibilidad de ampliar los beneficiarios potenciales del bono social a los consumidores con ingresos inferiores al umbral de pobreza, que en Francia se considera ganar menos de 964 ? al mes, y obligar a los suministradores a ofrecer en primer lugar la tarifa social a quienes puedan estar concernidos por ella.

Así como también, agrega, regular una "tregua invernal", para casos de desalojos, de luz, gas y agua. Además, la UCC exige que se prohíba cortar el suministro mientras se resuelve la reclamación del usuario, y que se sancione a quien no lo respete.

Así como también, agrega el colectivo, regular que los consumidores no estén obligados a pagar facturas que no hayan sido giradas en tiempo y forma, con su lectura real, y la sanción de esta práctica que afecta a miles de usuarios en Cantabria.

"Quien quiera vender luz, que esté obligado a tomar las lecturas de sus clientes, y no quedarse cómodamente sentado hasta que el distribuidor de turno se las pase cuando le plazca", concluyen desde el colectivo.