El Gobierno de España, por medio de la ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió hasta tres veces ante las Naciones Unidas la ley de plazos del aborto, cuya reforma fue aprobada el pasado 20 de diciembre por el Consejo de Ministros y que es muy parecida a la anterior norma, que data de 1985.

Según la Cadena SER, la ministra Mato firmó una declaración en la que se comprometía a "promover y proteger el derecho de la mujer a tener control y a decidir con libertad y responsabilidad sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad, entre ellas la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia; y aprobar y acelerar la aplicación de leyes, poíticas y programas que protejan y permitan el disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en especial sus derechos reproductivos", unos términos que no están en consonancia con la reforma planteada por el actual Gobierno.

Más recientemente, en septiembre, el Gobierno de España respondió por escrito a la ONU un informe sobre las medidas para fomentar la igualdad en España, en concreto, dirigida al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. En este informe, se defiende la actual ley de plazos que va a derogar como una norma que mejora el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además, no se cita la intención del Gobierno de derogar la norma. Sí se explica que la ley fue recurrida al Constitucional, sin mencionar que fue el PP quien presentó el recurso.

Y en 2012, también se pronunció al respecto en otro informe al mismo Comité de la ONU. En el texto se aseguraba que la ley de plazos "garantiza la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer, en particular su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física, a la moral, a la intimidad, libertad ideológica y a la no discriminación".