Mariano Rajoy
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hablando por teléfono. Olivier Hoslet / EFE

Con el año que acaba, el Gobierno de Mariano Rajoy atraviesa el ecuador de su legislatura y afronta la segunda parte de la misma con más dudas que certezas. Tras dos años marcados por la crisis económica, los recortes no anunciados y las reformas y leyes fuera de guión han provocado un aumento de la conflictividad en las calles y un acusado descenso de la popularidad del Ejecutivo. Tanto que la nota media de presidente y ministros no llega ni al 2,5, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Pese al desgaste del Gobierno en las encuestas, Rajoy asegura no haberse planteado un cambio de ministros Pese a la impopularidad general de las medidas y el castigo de los electores que las encuestas muestran, el presidente no ha amagado siquiera con cambiar la composición de su Gobierno. A pesar del desgaste de ministros como Wert, Montoro, Gallardón o Mato, el actual ya es el tercero más duradero de la historia democrática española. Tanto en público como en privado Rajoy ha reiterado su intención de no hacer cambios en su gabinete.

El desempleo y la situación económica en general seguirán marcando la agenda del Gobierno, aunque el propio Rajoy se agarre a las cifras para defender lo acometido hasta ahora ("Estamos mejor que el año pasado"). El principal reto de este Ejecutivo será trabajar para reducir el paro y fomentar el crecimiento económico en España, si bien en el ámbito estrictamente político Rajoy tiene abiertos numerosos frentes tanto en la esfera nacional como la internacional.

Mención aparte (porque no forma parte de su labor como gobernante, sino en su faceta de presidente del PP) merece el escándalo del llamado caso Bárcenas. Pese a que el partido que sustenta al Gobierno se empeña en asegurar que los posibles delitos cometidos por su extesorero eran un asunto conocido sólo por él, la instrucción llevada a cabo por el juez Ruz no ha cerrado la puerta a investigar un posible caso de financiación irregular de los populares. Por lo pronto, un auto del pasado 20 de diciembre constataba que el PP dio cobertura a "una facturación oficial ficticia".

Los principales retos de Rajoy

  • Desafío soberanista en Cataluña: El Gobierno autonómico de Artur Mas (CiU) y su socio Oriol Junqueras (ERC) aseguran que la consulta independentistas en Cataluña se celebrará este 2014. De hecho, este mismo mes de diciembre la Generalitat propuso la fecha del 9 de noviembre de 2014 para preguntar a los ciudadanos catalanes sobre sus preferencias respecto a hacer de su territorio un Estado propio, independiente o no. El apoyo popular mostrado en favor de la independencia durante las últimas dos Diadas, así como los sondeos de intenciones, han acabado de convencer a Mas, que está dispuesto a llegar hasta el final con su desafío soberanista. Tanto que incluso admite que el proceso podría desembocar en una Cataluña fuera de la Unión Europea. Frente a esta política de hechos consumados, el presidente Rajoy ha mantenido un perfil bajo, limitándose prácticamente a negar la posibilidad de un diálogo, ya que "España y la soberanía nacional no son negociables". En su última comparecencia pública, este pasado viernes, Rajoy ha abundado en esta idea y ha asegurado que el referéndum "no puede celebrarse. Lo que algunos pretenden, y no pueden conseguir, dañaría enormemente a toda España, pero especialmente a Cataluña", ha aseverado, al al tiempo que ha añadido que trabajará "sin descanso para defender un modelo de convivencia que ha proporcionado el mayor periodo de estabilidad y desarrollo democrático". A pesar de que el Ejecutivo se ha centrado en contestar que una consulta de este tipo sería contraria a la Constitución y se han obviado las terceras vías propuestas por Rubalcaba o Durán Lleida, la ausencia de un proceso negociador apunta a un choque de trenes o un adelanto electoral en 2014.

  • Reforma de la ley del aborto: El pasado viernes 20 de diciembre, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó el anteproyecto de ley que reformará la actual legislación del aborto en España. Básicamente, se pasa de un sistema de plazos y supuestos (se permite la interrupción voluntaria hasta la semana 14 sin dar explicaciones) a un sistema que solo permitirá la interrupción del embarazo en dos supuestos concretos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre y violación). Estos supuestos, en cualquier caso, requerirían una serie de controles mucho más estrictos que la ley de supuestos de 1985. La nueva reforma, que sitúa a España entre los países más restrictivos de su entorno, ha sido recibida con una oposición rotunda por parte del resto de partidos, organizaciones sociales, sindicatos, otros colectivos, e incluso miembros del propio Partido Popular. El Ejecutivo ya ha dejado claro que empleará su rodillo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado y que no modificará su anteproyecto ya que Rajoy lo ve "equilibrado", lo que apunta a un periodo de protestas y conflictividad en las calles.

  • Cumplir con el déficit: El Ejecutivo, a pesar de las subidas de impuestos y los recortes presupuestarios, no ha acabado de hacer sus deberes, tal como le ha recordado recientemente la Comisión Europea. Y es que para 2014 ha de proseguir con la reducción del déficit público, que en el próximo ejercicio tendrá que situarse por debajo del 5,8%. Es decir, que hacen falta más ajustes, al menos de 8.000 millones, y hay que profundizar en reformas como la laboral y de las pensiones, así como acelerar la puesta en marcha de otras, como la reforma fiscal, en la que baraja subir impuestos a tabaco de liar y gasóleo, entre otras medidas.

  • Implantar la reforma educativa: La LOMCE, la conocida como ley Wert, ha sido una de las reformas más polémicas de las llevadas a cabo por el Ejecutivo, debido al rechazo explícito de buena parte de la comunidad educativa, de algunas comunidades autónomas y de la oposición política. En esencia, impondrá el castellano como lengua vehicular en todo el Estado, recuperará la Religión como una asignatura con mayor peso y auspiciará la segregación por sexos en los centros. A pesar de que ya ha sido aprobada, no comenzará a aplicarse verdaderamente hasta el próximo curso. El Gobierno tendrá entonces uno de sus principales retos, ya que la Educación es una competencias de las CC AA y varias ya han anunciado que ven "inviable" dicha reforma. La Generalitat, que acusa a la ley Wert de "recentralizadora", ha llevado la reforma al Consejo de Garantías, como paso previo a acudir al Constitucional.

  • Reforma fiscal: Una de las condiciones impuestas por la Troika, la reforma fiscal que prepara el Gobierno —con el asesoramiento de un comité de expertos— buscará, según ha manifestado el Ejecutivo en numerosas ocasiones, que se recaude más sin que los ciudadanos paguen más impuestos. Y es que España sufre algunos de los impuestos más altos con una recaudación de las más bajas. Aún faltan por conocerse el dictamen de los expertos y son pocos los detalles que se conocen, pero las órdenes de Bruselas apuntan a que hay margen para subir el IVA (reduciendo los productos y servicios con tasas reducidas, por ejemplo) y para recaudar más con el IRPF y el Impuesto de Sociedades sin aumentar los tipos (eliminando bonificaciones y deducciones). Entre las medidas que baraja el Gobierno, según ha podido conocer este diario, está la creación de nuevos impuestos medioambientales, así como la equiparación del tabaco de liar con los cigarrillos, entre otros.

  • Reforma eléctrica: "Vamos a intentar arreglarlo". El pasado viernes 20 de diciembre, el presidente Rajoy manifestó públicamente su intención de intervenir para reducir la subida de la luz resultante de la última subasta eléctrica, que habría acabado con una subida en enero de más del 11%. Finalmente, el Gobierno ha decretado una subida del 2,3% en enero, al tiempo que se impondrá un nuevo sistema de cálculo a partir del segundo trimestre de 2014. La subida abortada por el Ejecutivo constata el fracaso de la reforma del sistema eléctrico aprobada el pasado mes de julio por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que planteaba un objetivo de subida máximo del 3%. Así, el Ejecutivo tendrá que reformar lo ya reformado con el descontento de los consumidores por un lado y después de un enfrentamiento directo con las grandes compañías del sector, que se han sentido injustamente tratadas.

  • Reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento y de Seguridad Ciudadana: El pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma del Código Penal de 1995. "Una auténtica transformación", como la calificó el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que contempla, por ejemplo, la introducción de la prisión permanente revisable y el delito de resistencia pasiva, la libertad vigilada, la redefinición de los delitos económicos y de corrupción o nuevos delitos de propiedad intelectual, entre otras medidas. La oposición ha tachado esta reforma de "cruel y populista", por esconder una verdadera cadena perpetua con la prisión permanente revisable y por su espíritu represor. Gallardón, además, se ha visto en la picota por su proyecto de Código Procesal Penal, que vendría a sustituir la Ley de Enjuiciamiento. Pese a su aspecto eminentemente técnico (esta reforma sirve para determinar quién hace qué en cada proceso penal), numerosas organizaciones de juristas y magistrados han criticado la propuesta, que entre otras modificaciones apuesta por quitar la instrucción de los casos a los jueces, para dárselo a los fiscales o limitar la información que se puede suministrar a los medios.
    También problemática promete ser la tramitación del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Ministerio de Interior y presentado el pasado mes de noviembre. El Gobierno dice que la nueva norma —que persigue la convocatoria y la asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva, así como las concentraciones no comunicadas— es más garantista que la actual, pero ha sido frontalmente rechazada por la oposición, e incluso el Consejo de Europa la ve "altamente problemática".

  • Elecciones europeas: En mayo de 2014 más de 400 millones de europeos (entre ellos los españoles) están llamados a votar para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. A pesar de que los partidos insisten en situar la agenda europea en el centro del debate de cara a estos comicios, será inevitable una lectura de estos resultados electorales en clave interna. Será una ocasión para comprobar si efectivamente el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha perdido o no los apoyos mayoritarios con los que contaba hace dos años, o si alguna de las fuerzas de la oposición logran auparse como una fuerza alternativa con suficiente influencia. En función del resultado, Rajoy podría tener que valorar su situación, la de su Gobierno y la de su partido.