Si bien la juez Mercedes Alaya había citado a declarar como imputado este jueves a un socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L.', antaño encargada de supervisar las cuentas de la sociedad mixta Mercasevilla, y en calidad de testigo al trabajador de la sociedad gestora del mercado central Leonardo Antonio Guerrero, ambas comparecencias se celebrarán finalmente este viernes junto a las del expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla Antonio Vela y la de la hija de este último. Estas comparecencias, a celebrar todas ellas este viernes, se encuadran en la investigación del presunto delito societario perpetrado en Mercasevilla.

En un auto recogido por Europa Press, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla citaba en principio a declarar como imputado este jueves a José Ignacio Alonso Rivero, "socio y firmante de la auditoría de cuentas anuales de Mercasevilla, relativas al ejercicio 2008, elaborada por 'Price Waterhouse'". Y es que el ejercicio 2008 se saldó para Mercasevilla con pérdidas por valor de 1.539.000 euros pero la directiva repartió dividendos por valor de 258.000 euros, extremo que no habría detectado 'Price Waterhouse', una empresa a la que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, llegó a abrir un expediente sancionador.

Asimismo, la magistrada había citado como imputado, pero este viernes, al expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela "por la recepción de determinadas cantidades como mera liberalidad de Mercasevilla", pues en concreto Mercasevilla habría abonado a la asociación 76.000 euros entre 2007 y 2008 por "supuestos servicios de asesoramiento y reembolso por compra de palets". Según la juez, "no se expidieron facturas con los adecuados requisitos formales, sin que tampoco exista un contrato que recoja las condiciones o el alcance de los servicios a prestar".

Más de 100.000

Euros para los mayoristas

A ello, según la instructora, se suma otro pago de 30.328 euros fraccionado en tres veces por los que no se habrían expedido facturas con los adecuados requisitos formales, mientras que tampoco se habría suscrito un contrato con "las condiciones o el alcance de los servicios a prestar". De este modo, Mercasevilla pagó 106.328 euros a la asociación, cantidad que fue abonada "por puro ánimo de liberalidad".

Respecto a la hija del imputado, Carmen Vela Maldonado, que también declarará este viernes, la juez explicaba que habría sido "receptora de una beca de 24.000 euros procedente de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla para estudiar diseño gráfico en Londres por razones de mera liberalidad". En ese sentido, la juez había citado como testigo este mismo jueves a Leonardo Antonio Guerrero, trabajador de Mercasevilla que habría realizado los pagos a la asociación y también los relativos a la beca.

Pero según han informado a Europa Press fuentes del caso, las comparecencias del socio de 'Price Waterhouse Coopers S.L.' y del mencionado trabajador de Mercasevilla fueron finalmente aplazadas a este viernes a través de una providencia dictada a finales de noviembre, con lo que este viernes la juez ha citado a las 10,00 horas al trabajador de Mercasevilla que comparece como testigo, a las 11,00 horas a Antonio Vela, a las 12,00 horas a la hija de este último y a las 13,00 horas al socio de la empresa auditora.

La causa del delito societario

En esta causa también están imputados los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la exdirectora del área económica y de contabilidad Pilar Giraldo, quienes se acogieron a su derecho a no declarar después de que la juez los acusara de "realizar actuaciones" tendentes a "inflar" el resultado económico de la entidad, para lo cual "redujeron las pérdidas de la sociedad y mejoraron en apariencia su situación financiera y patrimonial, dando lugar a la existencia de graves anomalías contables" en sus cuentas anuales.

La juez les imputó cuatro presuntos delitos continuados de malversación, fraude y exacciones ilegales, un delito societario en su doble modalidad de falsedad en las cuentas anuales y de administración desleal, y apropiación indebida.