Investigadores de la UPV/EHU y del Basque Center for Climate Change (BC3) han propuesto introducir impuestos a las emisiones de CO2 y reducir los tributos al trabajo como medidas para mejorar tanto el medioambiente como la eficiencia del sistema tributario. A su entender, una reforma fiscal ambiental mejoraría el medio ambiente y reduciría la economía sumergida.

La investigación, desarrollada por Anil Markandya, Mikel González y Marta Escapa, ha sido publicada por la revista Energy Economics en su versión online y próximamente se editará en la edición impresa.

Según han explicado desde la universidad vasca, a medida que han ido surgiendo diferentes problemas ambientales, se han realizado numerosos trabajos académicos para estudiar la posibilidad de incorporar una reforma fiscal ambiental y el efecto que tendría en la economía.

En concreto, la reforma fiscal ambiental consiste en imponer impuestos sobre las actividades asociadas a problemas ambientales, como las emisiones de CO2, y reducir otro tipo de impuestos. En palabras de Mikel González-Eguino, uno de los investigadores que participan en este proyecto, "los impuestos ambientales consiguen que los consumidores y las empresas paguen por el daño que genera la polución sobre la sociedad".

Además, se considera que "pueden ser en algunos casos muy eficaces ya que consiguen inducir cambios en nuestros hábitos o comportamientos y así reducir la contaminación".

Por otro lado, ha apuntado que la recaudación de los sistemas públicos a través de los impuestos "suele verse mermada por la llamada economía sumergida", que constituye "una parte significativa y creciente, en términos de PIB, en muchas economías desarrolladas". En el caso de España y otros países del sur de Europa, se estima que tiene un volumen equivalente al 20-25% del PIB.

En la reforma fiscal que propone este grupo de expertos, se utilizarían los ingresos procedentes de los "impuestos verdes" para reducir los impuestos sobre el trabajo en la misma cuantía ya que, "en este trabajo, no hemos querido entrar en el debate sobre cuál es el tamaño óptimo del sector público", ha explicado González-Eguino.

"Simplemente con la reforma —ha añadido— aseguramos que se recaudaría el dinero necesario para mantener los servicios públicos existentes, pero gravando más la contaminación y menos el trabajo".

Los investigadores han utilizado modelos económicos para simular cómo afectaría a la economía española general una reforma de este tipo. En concreto, han usado la metodología del equilibrio general computable, que permite tener en cuenta a todos los sectores económicos y analizar políticas que afectan de una forma estructural a la economía. La novedad del estudio radica en que se ha incluido la economía sumergida, "algo que los estudios realizados anteriormente no habían contemplado".

En las simulaciones realizadas, los investigadores han observado un mayor beneficio en el sistema público que el que esperaban, de manera que, "cuando se introduce un impuesto ambiental, los colectivos que realizan trabajo informal comienzan a pagar impuestos por la vía indirecta del consumo".

El estudio concluye que, si a la vez se reduce el impuesto sobre el trabajo, se consigue una disminución de la "ineficiencia" del sistema tributario y una reducción "efectiva" de la presión fiscal. "Esto es genera un aumento de la actividad económica, una reducción del desempleo y una reducción de la economía sumergida", plantean los investigadores.

Estudiar las limitaciones

En cuanto a la posibilidad de poner en práctica el planteamiento de este estudio, González-Eguino ha destacado que "refuerza la idea de que una reforma fiscal ambiental puede ser muy beneficiosa y nos permite poner cifras a una de las recomendaciones que desde hace mucho tiempo llevan tiempo haciéndonos varios organismos internacionales".

No obstante, los investigadores han detectado "limitaciones" como que una subida de los precios de la energía asociado se "contrarrestaría" con el aumento de los salarios reales, pero para las personas inactivas, especialmente pensionistas y personas desempleadas, "no existiría tal efecto".

A su entender, es necesario analizar los posibles efectos regresivos de estas reformas, especialmente sobre los grupos más vulnerables e incluir en mecanismos que corrijan estos posibles efectos.