El Govern ha aprobado este lunes solicitar dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre diferentes artículos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consell Executiu el consejero de Presidencia, Francesc Homs, quienha asegurado que el contenido de la Lomce es contrario a la Constitución, al Estatut y a la doctrina del TC porque altera la distribución competencial.

Según el Govern, la Lomce deroga el concepto de competencia básica estatal, en la que el Gobierno central fija la parte comuna de los currículums y garantiza que las comunidades tienen la competencia en la parte restante.

De este modo, la ley reserva al Estado la competencia exclusiva en las asignaturas de más trascendencia académica, y solo establece la competencia compartida en las más residuales. Así, en base al redactado actual, Cataluña no podría desarrollar ni establecer contenidos, y sólo podría complementar los de las asignaturas troncales.

También lamentan desde la Generalitat que la Lomce excluya a las comunidades de la participación en la evaluación final, que da derecho al título, lo que consideran que va en contra de la doctrina del TC, que fija que el Gobierno central no puede regular todos los aspectos relacionados con la evaluación.

Además, acusan al Estado de "extralimitarse" en sus funciones e impedir una legislación propia en Cataluña, y de reducir las competencias de los consejos escolares de los centros.

En materia lingüística, la Generalitat critica que la Lomce se opone "frontalmente" al régimen de Cataluña y a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que reconoce el derecho de los alumnos a no ser separados por razón de lengua.

Según el Govern, la Lomce también modifica la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas al añadir un "mecanismo subsidiario" en el supuesto de que Cataluña no garantice una oferta docente razonable sostenida con fondos públicos donde el castellano pueda ser utilizado como vehicular en una proporción razonable, lo que acabaría repercutiendo en los gastos de la Generalitat.