La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, ha remitido a su homóloga a nivel nacional, Soledad Becerril, las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la anunciada construcción de un gaseoducto que atravesaría el subsuelo del Parque de Doñana para la producción y almacenamiento de gas natural, proyecto que lidera la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa.

Ello se debe, según la información consultada por Europa Press, a que tras recabar la información precisa de los órganos autonómicos en materia de medio ambiente a raíz de una actuación de oficio abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz se ha constatado que el análisis de las afecciones le corresponde realizarlo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que se traslada dicha actuación a la Defensora del Pueblo para que inste, "si lo considera oportuno", al Ministerio a la "colaboración".

Todo ello, a fin de "conocer el resultado del análisis y evaluación conjunta que las afecciones de las declaraciones de impacto ambiental del gaseoducto de Doñana pueden producir sobre los hábitats y las especies amparadas por la Directiva de Hábitat".

Y es que tras dirigirse la Defensoría a la, por aquel entonces, Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ésta informó de que la autorización de esta actividad corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siendo el órgano ambiental competente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habiendo dictado éste último algunas resoluciones favorables ya en este asunto.

"Como quiera que a la Junta de Andalucía le corresponde velar por la adecuada conservación de los lugares de la Red Natura 2000 ubicados en Andalucía, desde la Consejería competente en materia de medio ambiente se habían dirigido al Ministerio significando la necesidad de iniciar los trámites necesarios para evaluar conjuntamente las afecciones", subraya el Defensor.

La Junta, por su parte, ya informó de que, en tanto no se dispusiera de los resultados del análisis conjunto, desde la Consejería andaluza se ha suspendido la tramitación de los procedimientos relacionados con las autorizaciones de carácter ambiental de competencia autonómica y que son previos a la aprobación definitiva de los proyectos por el Estado.

El proyecto se localiza en el término municipal de Almonte, provincia de Huelva, y su objeto es la dotación de infraestructuras, adecuación y desarrollo de los emplazamientos gasíferos que conforman la zona de Saladillo, para el manejo adecuado y seguro de los caudales de producción de gas y posterior almacenamiento del mismo, en caso que dicho almacenamiento resultase viable.

En este sentido, la iniciativa tiene como primer objetivo la producción de gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamientos subterráneos de gas natural, y consta de tres fases: la construcción, la operación y el abandono o desmantelamiento.