La Fiscalía acusará a Urdangarin de delitos penados con 23 años, según 'El Mundo'

  • Anticorrupción solicitará la apertura del juicio oral.
  • El marido de la infanta y su socio, Diego Torres, se enfrentarían a una multa de 3,5 millones de euros.
  • La infanta Cristina quedaría exonerada, aunque la mujer de Diego Torres sí podría ser procesada.
Iñaki Urdangarin en una imagen de abril de 2013.
Iñaki Urdangarin en una imagen de abril de 2013.
GTRES
Iñaki Urdangarin en una imagen de abril de 2013.

Parece que las Navidades no serán una época de paz en la casa real: según el diario El Mundo, el fiscal Anticorrupción acusará a Iñaki Urdangarin de delitos penados con hasta 23 años de cárcel.

Una acusación en forma de escrito que se presentará ante el juez Castro en las próximas semanas, según el diario, en el que además solicitará la apertura del juicio oral.

El fiscal adscrito a la causa, Pedro Horrach, plantea inculpar de un delito más a Urdangarín que al que era su socio, Diego Torres. Serían seis las infracciones penales al duque de Palma: malversación, falsedad, prevaricación, fraude y dos fiscales. Por ello, Torres se enfrentaría a una pena máxima de 19 años de prisión. Eso sí, habrá igualdad en la multa que el fiscal pedirá a ambos, que asciende a 3,5 millones de euros.

Cabe destacar que el fiscal Horrach no imputará a Iñaki Urdangarín por blanqueo, ya que la legislación en el momento de autos (entre 2004 y 2008), no castigaba con precisión el autoblanqueo. Algo que favorece a la Infanta Cristina para librarse de este tipo penal, si bien es cierto que el fiscal general del Estado ya había advertido que no habrá petición de pena para la hija del rey. Existen dudas de si también se exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro.

La gestión del Instituto Nóos, a juicio

Tanto Iñaki Urdangarin como Diego Torres están acusados de servirse de empresas pantalla para pagar, de forma fraudulenta, menos al Fisco, acogiéndose al Impuesto de Sociedades en lugar de tributar por la vía del IRPF.

Además, el fiscal sostiene que las adjudicaciones a dedo primaron la discrecionalidad, tanto en los contratos suscritos con la Generalitat Valenciana, en la época de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia encabezado por Rita Barberá; así como aquellos que se firmaron con el Govern de las Islas Baleares que presidía Jaume Matas.

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