El portavoz socialista en la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de las Cortes de Aragón, José Ramón Ibáñez, ha exigido al Gobierno autónomo de Luisa Fernanda Rudi que destine a vivienda social los inmuebles que obtenga de propietarios fallecidos que no han hecho testamento.

Ibáñez se ha pronunciado así tras conocer que el Gobierno de Rudi adjudicó varios inmuebles en una subasta pública celebrada el pasado 27 de noviembre. Un total de 20 de los inmuebles subastados pertenecían a personas que habían fallecido sin testar, por lo que eran propiedad del Ejecutivo autonómico.

"Siendo conocedores de la 'sensibilidad' que demuestra día a día el consejero Alarcón a pesar de la situación de acuciante necesidad, ya que destinará el dinero que en principio iba para vivienda social a carreteras, el Gobierno de Rudi debería utilizar sus propios fondos de inmuebles para personas sin recursos", ha señalado.

Así, los socialistas han considerado que, aunque el dinero de la venta de inmuebles se destine a organizaciones sin ánimo de lucro, el Gobierno de Aragón debería utilizar sus propios fondos de inmuebles para vivienda social para personas sin recursos.

José Ramón Ibáñez ha recordado que esta misma semana Cáritas ha dado otra vez la voz de alarma en Aragón ya que cada vez hay más pobres y con mayor nivel de pobreza. "La comunidad autónoma está cada vez más cerca de la media española en los índices de pobreza y en su intensidad desde que gobierna Rudi. De hecho, desde el inicio de la crisis la tasa de riesgo de pobreza se ha incrementado un 62,5 por ciento en la región", ha dicho.

"nula política"

Ha lamentado "la nula política" del Gobierno regional en materia de vivienda, que "sólo la entiende para los pobres de solemnidad, desde la caridad, dirigida a una minoría, cuando se trata de un derecho social que reconoce nuestra Constitución".

El diputado socialista ha querido remarcar también que la convocatoria del 19 de septiembre, dentro del Plan Impulso 2013, de apoyo al Plan de Vivienda Social por valor de 2,7 millones de euros para adquirir vivienda social a determinado quedó desierta, porque las ofertas no cumplían los requisitos fijados por el Ejecutivo aragonés, por lo que "el consejero Alarcón decidió destinar ese dinero a carreteras".

"Resulta lamentable, pero también dramático, que el consejero sea incapaz de fomentar la vivienda social ni apoyar a las personas que se quedan en la calle o tienen problemas con los desahucios y quiera destinar esos 2,7 millones de euros a carreteras, cuando es más que evidente que hay unas grandes necesidades en esta materia por la situación de la crisis", ha apuntado.