La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, ha realizado un llamamiento a los empresarios para que se "rebaje la tensión innecesaria" que se ha generado respecto a los jueces en torno a la reforma laboral. La magistrada cree que en la patronal parece existir "una frustración y un desengaño" porque, en su día, quizá se creó "demasiadas expectativas" en torno a la reforma legislativa.

Biurrun se ha referido, de esta forma, a las críticas que ha realizado Confebask al considerar que hay sentencias judiciales "kafkianas" que están tratando de "neutralizar el efecto" de la reforma laboral con una interpretación que resulta "un despropósito". También la CEOE ha considerado que los jueces están "combatiendo" la modificación legal.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Sala de lo Social ha asegurado que la respuesta judicial hay que situarla en "el respeto por parte de la Justicia social al Estado de Derecho y a todo el ordenamiento jurídico".

En este sentido, ha considerado que, "algunas voces", en este caso la patronal, "parece que reducen el ordenamiento jurídico exclusivamente al texto literal de la reforma laboral de 2012".

De esta forma, ha explicado que "las interpretaciones que se están haciendo de la reforma en algunas materias están integrando el ordenamiento jurídico, incluido el texto constitucional, pero también la normativa internacional, los compromisos y tratados internacionales que España tiene ratificados como algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y también la normativa comunitaria de la UE".

"Y es la integración de todo este ordenamiento el que está dando como resultado unas determinadas interpretaciones de la reforma laboral, en materia sobre todo de despidos, pero también de lo que ha sido el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos", ha aseverado.

En cuanto a las peticiones de la patronal para que se clarifique la Ley, con el fin de evitar interpretaciones por los jueces, Garbiñe Biurrun ha considerado que se trata de una petición "imposible" de cumplir.

"Se podrán hacer leyes más claras, leyes menos claras; leyes técnicamente más perfectas o menos perfectas, pero pretender eliminar el ejercicio imprescindible de interpretación de las normas por quienes las aplican, que es lo que los jueces tienen que hacer, es pedir un imposible, salvo que quieran una aplicación de la Ley mediante mecanismos absolutamente contrarios a la Constitución española, es decir, mecanismos aplicativos automáticos que no pasen por el análisis del caso concreto", ha indicado.

Para la magistrada, es evidente que "está habiendo un desencuentro claro entre la patronal y la justicia en su ámbito de la jurisdicción social", y ha recordado que, aunque no se puede decir que exista una "interpretación uniforme" de la reforma laboral, sí considera que "hay bastante acercamiento en todo el Estado respecto a cómo debe interpretarse".

Sin interpretaciones "caprichosas"

"Eso es bastante revelador de que no es una interpretación caprichosa, arbitraria o que se esté dando en los distintos territorios de una forma distinta. No es unánime porque la interpretación de las normas no es una cuestión automática, pero, a pesar de no ser unánime, está bastante extendida", ha insistido.

Biurrun cree que es probable que las manifestaciones que ahora realizan la patronal y las asociaciones empresariales contra la actuación de los jueces se deba a "una especie de frustración, de desengaño que parece que están sintiendo ante lo que es la interpretación judicial de la reforma" porque, quizá, "pusieron en su día demasiadas o falsas expectativas en la reforma laboral".

"Creyeron que lo que decía la norma o lo que ellos han creído que dice la norma era una cosa determinada, cuando los jueces están interpretando que la norma dice que otra cosa en algunos aspectos. En algunos otros, no hay ninguna controversia o contradicción con los intereses empresariales", ha afirmado.

A su juicio, el empresariado ha olvidado que "ninguna ley se agota cuando se publica en el BOE, sino que, al contrario, ese día es cuando las normas comienzan su recorrido, un recorrido que la realidad va modulando y que la aplicación judicial termina de rematar".

"El alcance de la norma, de ésta o de cualquiera, solo se va a conocer cuando la Justicia termine por dar la interpretación de la misma, que debe ir adaptándose a la realidad social. Por tanto, la propia norma va a ir adaptándose y modificándose en función de la propia realidad social y de la aplicación que los jueces hagan de la misma", ha aseverado.

Nueva reforma

Sobre el hecho de que, desde diversos sectores, como del PP vasco o de la CEOE, se abogue por otra nueva reforma laboral si los jueces "se cargan" el articulado de la actual, la magistrada ha asegurado que "el poder legislativo está perfectamente legitimado para hacer cuantas normas estime oportunas de reforma o no reforma".

"Por lo tanto, en ese sentido, yo no tengo nada que decir, salvo que es posible interpretar de esto que, reforma tras reforma, intentan cargarse el Estado social", ha añadido.

En esta línea, ha dicho que "el Estado español es un Estado democrático, de Derecho, pero el primer adjetivo que la Constitución le atribuye es la del Estado social". "Por lo tanto, el legislativo puede hacer todas las normas y reformas oportunas y, posteriormente, vendrá el control judicial en su aplicación diaria y un posible control del Tribunal Constitucional de ajuste de la norma a la Constitución. Esto es inevitable y la división de poderes es la que es", ha subrayado.

De esta forma, ha apuntado que "al legislativo se le puede privar de su legitima capacidad de dictar leyes, pero tampoco al judicial se le puede privar de su obligación constitucional de juzgar". "Y juzgar no es otra cosa que aplicar las normas que el legislativo dicta a los casos que la realidad lleva a los Juzgados", ha indicado.

Rebajar la tensión

Para la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, "conviene rebajar la tensión innecesaria que está poniendo la patronal en el escenario de las relaciones laborales con la justicia social de por medio".

"Creo no hay ningún ánimo por nuestra parte de entrar a ninguna controversia. Nosotros nos pronunciamos en las sentencias y, si yo estoy hablando de esto, es porque la ciudadanía debe comprender por qué la justicia está actuando de determinada manera y cuál es su relación constitucional", ha concluido.