Más de un centenar de personas se ha manifestado esta tarde en el centro de Valladolid contra el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada y a favor del aborto libre y gratuito.

Con una pancarta en la que se podía leer 'La maternidad es un derecho, no una obligación', medio centenar de personas convocadas por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid se ha concentrado junto a los juzgados de Valladolid, en la calle Angustias, donde han permanecido hasta que, minutos después, han decidido sumarse a otra movilización.

Ya en la plaza de Fuente Dorada, donde se han congregado más de cien personas que portaban distintos carteles y banderas, y durante el recorrido a lo largo de la calle Angustias y Bajada de la Libertad, los manifestantes han coreado gritos como 'Aborto libre y gratuito', 'Gallardón, dimisión' y 'Mi cuerpo es mío, por tanto yo decido', además de 'Nosotras parimos, nosotras decidimos'.

Durante el recorrido, la Coordinadora de Mujeres ha repartido un manifiesto en el que traslada sus exigencias y defensas, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, "a la libre decisión de las mujeres sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones".

Asimismo, se pide la ampliación de derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozcan aspectos como la creación de Centros de Planificación Familiar o la impartición de educación afectivo-sexual en los currículos escolares, en forma de asignatura obligatoria.

A su juicio, el aumento de los abortos en mujeres jóvenes pone de manifiesto las barreras existentes para el acceso a los métodos anticonceptivos, por lo que se pide que la anticoncepción tenga el mismo tratamiento financiado que otros productos de farmacia y parafarmacia dentro del sistema sanitario público.

La despenalización total del aborto voluntario, eliminando su actual penalización en el Código Penal; asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas y la garantía de la cobertura en cualquier momento del embarazo si supone un peligro para la salud de la mujer son otras de las demandas, a las que se suma la total prestación sanitaria para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo a las inmigrantes irregulares y la creación de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública.

En su opinión, el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad "no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres" ya que se trata de un derecho fundamental "y como tal no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios".

La Coordinadora recuerda, además, que cerca de 3.550 mujeres interrumpieron su embarazo por riesgo de graves anomalías en el feto y anomalías fetales incompatibles con la vida y que el 89,77 por ciento de las Interrupciones voluntarias de embarazo se produjo en las doce primeras semanas de gestación.