Diviertt, Madrid Espacios y Congresos y Seguriber han coincidido este viernes en señalar que la apertura del portón de emergencias por el que entraron miles de jóvenes al Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012 fue "absolutamente anormal", según la abogada de una de las víctimas, y "nunca" antes se había dado.

Durante un careo organizado por el magistrado Eduardo López-Palop, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga el caso Madrid Arena, el director general de FSM Group-Diviertt, Santiago Rojo; el coordinador de Proyectos de Madrid Espacios y Congresos, Francisco del Amo, y el jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero, todos ellos imputados en la causa, han dado su opinión sobre los hechos.

Los tres intervinientes en el careo han dejado claro que la apertura del portón de emergencias, que motivó la entrada de miles de jóvenes al pabellón y una serie de avalanchas que provocaron la muerte de cinco jóvenes, era "absolutamente anormal" y era "la primera vez que sucedía", según María José Siñeriz, la abogada de la familia de Cristina Arce, una de las víctimas de la tragedia.

Durante el careo, Rojo y Díaz Romero han mantenido que quien dio la orden de abrir el portón de emergencias fue Del Amo, quien a su vez ha negado haber dado esa orden.

"Si no se hubiera abierto el portón de emergencias, se hubiera producido una masacre", ha señalado el letrado de Seguriber, Alfonso Coronel de Palma.

Según Felipe Moreno,  el abogado de la familia de Rocío Oña, una de las víctimas de la tragedia, el responsable de la apertura de las puertas de emergencias del Madrid Arena en la fiesta del pasado 1 de noviembre de 2012 cometió "una grave imprudencia" al permitir el acceso de miles de jóvenes al recinto, que conllevó una serie de avalanchas y provocó la muerte de cinco chicas.

Moreno ha expresado su deseo de "oír la verdad", aclarar las contradicciones entre los intervinientes en el careo y determinar quién dio la orden directa de abrir las puertas de emergencias del Madrid por la que entraron miles de personas al recinto y que fue "uno de los motivos desencadenantes de la tragedia".

El letrado de la familia Oña ha subrayado que "hay una imprudencia punible" por parte de quién da la orden de apertura del portón, a sabiendas de dónde se encuentra la pista central y del número de personas que hay en el evento, porque el hecho de meter de golpe entre 2.000 y 4.000 personas "genera una situación de riesgo que conlleva una serie de avalanchas que producen un resultado mortal".

"Nadie puede dar la orden de abrir las puertas de emergencias para que accedan miles de personas al recinto porque está prohibido por razones de seguridad del recinto", ha apuntado Moreno, quien resaltado que el responsable de esta decisión cometió "una grave imprudencia con el resultado de la muerte de cinco chicas".