El único testigo llamado hoy a declarar en la Vista Oral contra el Partido Socialista Español (PSOE) en La Rioja, el coordinador de la Secretaría de Organización (Juan Manuel Aceña), ha insistido en que se produjo "un conflicto de carácter orgánico que ponía en riesgo el funcionamiento del partido" y, por tanto, éste debía intervenir.

El Juzgado de Primera Instancia número cuatro (Sala de Matrimonios) ha sido hoy el escenario en el que se ha desarrollado la Vista Oral por la petición de medidas cautelares de Inmaculada Ortega para restablecer la Comisión Ejecutiva Municipal que ella presidía, y que fue cesada de funciones el 3 de julio, presuntamente, tras la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal.

La defensa ha enarbolado la falta de un acta como prueba de que la Comisión Ejecutiva Federal en realidad no se reunió y, por tanto, no se cumplió la normativa. Algo que ha visto ratificado en el hecho de que la agenda de Europa Press anunciase una rueda de prensa para dar a conocer la decisión una hora antes de que ésta se produjese.

La jueza deberá decidir si se siguió el reglamento, algo en lo que la defensa, en la persona del abogado Jose Luis Díez, ha insistido tras explicar que el conflicto surgió después de que la Comisión Ejecutiva, con Inmaculada Ortega a la cabeza, intentase "imponer" la portavoz del Grupo Municipal Socialista, algo contrario al reglamento.

Protección de derechos

La abogada de la demandante (Inmaculada Ortega), Eva Loza, ha sido la primera en intervenir ante una sala en la que faltaba su principal protagonista por coincidir la Vista Oral con el Pleno de Presupuestos del Parlamento de La Rioja.

Loza ha reiterado la solicitud de medias cautelares por la vulneración, ha dicho, de derechos fundamentales. Precisamente esto ha hecho que la Fiscalía esté presente en el procedimiento.

La abogada ha relatado cómo el 21 de abril de 2012, una asamblea de 158 afiliados eligió a Ortega secretaria general de la Comisión Ejecutiva Municipal (PSOE Logroño) y lo hizo por "democracia directa".

Por tanto, restablecer sus funciones es algo "beneficioso para el todo el PSOE, que está dejando sus principios inspiradores de justicia y democracia".

Cumplimiento de la norma

"No hay mayor rigor que el cumplimiento de la norma", ha subrayado ante esto la defensa del PSOE. Así, ha explicado que la Ejecutiva Federal tomo una decisión "de carácter orgánico, no individual ni sancionadora".

Lo hizo, ha dicho, porque Ortega quiso imponer la portavocía del Grupo Municipal Socialista (para poner a Concha Arribas) cuando éste es "autónomo" para tomar la decisión. En la votación, siete de diez concejales se abstuvieron para evitar el conflicto, pero "la bomba" estalló un año después porque Arribas, a juicio del Grupo, no estaba cumpliendo bien sus funciones.

Ha apelado al reglamento para explicar que cuatro concejales (un tercio como se exige) convocaron una reunión legítima pero ante la que Ortega les "amenazó" con un expediente sancionador. Ante esto, el Comité Ejecutivo Federal actuó y cesó a la Comisión Municipal.

Ha insistido, no obstante, en que todos sus miembros continúan con sus derechos intactos e, incluso, en la próxima Asamblea que elegirá una nueva Comisión Ejecutiva Municipal (previsiblemente a finales de enero) podrán votar y hasta presentar candidatura.

Precisamente ha sido la reunión del Comité Ejecutivo Federal el principal argumento de la defensa, que ha entendido que ésta no existió: porque no hay acta y porque se convocó rueda de prensa una hora antes para dar a conocer el resultado. Por eso, ha llamado como testigo al coordinador de la Secretaría de Organización.

Aceña ha explicado que la decisión la tomó él y luego la ratificó la Comisión Ejecutiva Federal. Y ha dicho que lo hizo porque se había producido "un conflicto de carácter orgánico que ponía en riesgo el funcionamiento del partido" sumado al hecho de que la Comisión Municipal no solo no había sabido solucionarlo sino que lo había empeorado y sacado a los medios de comunicación.

Por último, ha intervenido la Fiscalía para considerar que "no procede" la adopción de medidas cautelares que pide Ortega.