El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat (PP), ha trasladado este jueves que está "exactamente igual de tranquilo hoy" que el día en que se presentó la denuncia por dos reconocimientos extrajudiciales de crédito después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya concluido indiciariamente que ambos acuerdos "no parecen constitutivos de delito" y haya ordenado investigar los contratos por servicios o trabajos del anterior gobierno en la institución que tuvieron que ser abonados de este modo al detectar un "cúmulo de irregularidades".

En declaraciones a los periodistas, Amat ha remarcado que cuando asumió la Presidencia de la Diputación hizo "lo que tenía que hacer" y cumplió con su "obligación de pagarle a quien le debía esta institución". "No voy a hablar de lo que hicieron corporaciones anteriores, que cada uno se arregle como pueda", ha indicado. El decreto del Ministerio Público y el informe de la Policía Judicial apuntan al mandato de PSOE-PAL y del PAL en minoria.

"El día que presentaron a bombo y platillo en la Fiscalía Superior la denuncia —en referencia a la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia— estaba tranquilo y cuando me han dicho lo que ha concluido la Fiscalía tengo la misma tranquilidad, y también la tendré mañana", ha asegurado.

Con respecto a las críticas de grupo del PSOE en la Diputación por la convocatoria del pleno extraordinario y urgente en el que se rechazó la creación de un comisión de investigación sobre las obras adjudicadas a Hispano Almería y su filial Alconsan, ha afirmado que el equipo de gobierno "ha hecho lo que tenía que hacer, poner a disposición de la oposición todos los expedientes para que trabajen y los analicen, que para eso cobran".

"Es su obligación fiscalizar uno por uno cada expediente. Que lo hagan y si comprueban que alguno está hecho de forma indebida, que tomen las medidas que consideren oportunas. A lo mejor hay algunos expedientes dormidillos, que tienen dándole vueltas y le temen a eso", ha concluido.

Cabe recordar La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado que se investigue la contratación de servicios o trabajos por parte del anterior equipo de gobierno en la Diputación de Almería que se abonaron en dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de más de 4,5 millones de euros al apreciar un "cúmulo de irregularidades" que, en algunos casos "más graves", podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o "en último término", de tráfico de influencias.

El Ministerio Público señala, sin embargo, que, a la vista del informe que ha elaborado la Policía Judicial, "no parece" que los acuerdos adoptados por la corporación provincial en las sesiones plenarias de 1 de marzo de 2011 y 2 de marzo de 2012 para reconocimiento extrajudicial de créditos "deban reputarse constitutivos de delito de prevaricación administrativa".

Sí cuestiona el decreto "alguna o algunas" de las actuaciones administrativas "irregulares" que se convalidaron mediante los citados reconocimientos extrajudiciales y apunta a que pueden "ser tachadas no sólo de irregulares, sino incluso de ilegales o hasta —añade— de resoluciones prevaricadoras".