La Secretaría General de Consumo de la Junta, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, trabaja en la elaboración de un decreto para aumentar las garantías de los consumidores mediante la adopción de medidas de reposición de la situación alterada a su estado original, de devolución de las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, de indemnización de los daños y perjuicios causados al consumidor derivados de la comisión de una infracción administrativa en materia de consumo.

Así lo ha anunciado este jueves, la secretaría general de Consumo de la Junta, María Dolores Muñoz, quien ha participado junto con el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, en la inauguración de las jornadas 'Los consumidores. Agentes sociales ante la crisis', organizada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

En declaraciones a los periodistas, Muñoz ha asegurado que "con esta nueva norma, insertaremos en el procedimiento sancionador una actuación dirigida a resarcir a la persona consumidora con la fórmula en cada caso oportuna ante la comisión de una infracción administrativa en materia de consumo, estableciendo las especialidades necesarias para ello en el procedimiento sancionador, así como regulando un procedimiento complementario para la cuantificación de la indemnización".

Por su parte, Valderas ha abogado por que las administraciones públicas apoyen "sin reservas" a la ciudadanía impidiendo que se lleven a cabo "acciones fraudulentas a gran escala como el aumento desmesurado de la factura eléctrica o la concesión de créditos a estudiantes con márgenes de hasta el 26 por ciento de beneficio para los grandes bancos".

El vicepresidente ha agradecido a Adicae la celebración de este foro que, según ha apuntado, permitirá abordar "los déficits legislativos y abusos que bajo el pretexto de la crisis están sufriendo el conjunto de los consumidores". En su opinión, en situaciones como la actual hay que "diferenciar claramente" entre quienes se posicionan de parte de los más débiles con medidas de apoyo frente a quienes utilizan la crisis como pretexto para aumentar la "brecha social".

En este marco, Valderas ha denunciado que numerosas empresas se aprovechan de esta situación, aumentando las prácticas arbitrarias y medidas abusivas en lugar de apostar por una mayor protección a sus clientes en un momento de inestabilidad y con una caída del consumo en 20 puntos porcentuales en el periodo 2002-2012. Por ello, ha considerado que "es necesario más que nunca un Estado que defienda por encima de todo a las personas, a los más débiles y vulnerables".

Igualmente, ha denunciado el "sistema orquestado" en el que está inmerso el ciudadano y del que sólo puede protegerse con instrumentos como la información, la asociación, la acumulación de fuerzas y la apuesta por una Administración combativa que sea capaz de erigirse como parámetro de protección de los ciudadanos. Así, ha resaltado medidas impulsadas por la Junta como el anteproyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria, el reforzamiento de las inspecciones de Consumo y la vertebración de la red de Alerta de productos de Consumo.

Valderas ha manifestado su preocupación por el "empobrecimiento de la sociedad" y por los derechos y garantías ciudadanas que quedan en suspenso en un estado de emergencia social. Para refrendar esta reflexión ha recordado algunos datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como que el 87 por ciento de los encuestados considera que la situación económica actual es mala o muy mala y el 70 por ciento reconoce haber cambiado sus costumbres y las de su familia ahorrando más en ocio, energía, ropa, calzado y vacaciones, además de un "preocupante" 41,2 por ciento de personas encuestadas que dicen estar ahorrando también en alimentación pasando así a una situación de pobreza.

Igualmente, se ha referido al estudio de Cruz Roja de Cataluña 'Vivienda y Colectivos Vulnerables' de julio último según el cual el 71 por ciento de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30 por ciento acumula facturas impagadas.

Ante este escenario, según ha afirmado Valderas, es preciso "establecer un marco justo de relaciones entre empresas y ciudadanos" como ha hecho la Junta al imponer sanciones a empresas de telefonía móvil y operadores financieros por incurrir en prácticas "abusivas y sistémicas", ante las que las administraciones públicas no pueden permanecer impasible.

En concreto, en el periodo de enero de 2012 al 28 de octubre pasado, en el ámbito de la telefonía móvil se han resuelto 332 expedientes sancionadores, con una cuantía total de sanción impuesta superior a 1,2 millones de euros; además, en el mismo periodo se han interpuesto ante la Secretaria General de Consumo un total de 9.627 denuncias, reclamaciones, quejas y denuncias-reclamaciones por asuntos relativos a las operadoras de telefonía móvil.

También sacó a relucir la acción de la Junta para acabar con la pobreza y la exclusión social mediante el impulso de programas globales que aspiren a una tasa de "pobreza cero", como el proyecto de Ley de medidas para garantizar los suministros mínimos vitales de luz y agua los andaluces más vulnerables o la aprobación de una moratoria en los cortes de suministros de luz, agua y gas en los meses de mayor frío.

Por último, el vicepresidente se ha mostrado una vez más dispuesto a profundizar en el campo de los "derechos de ciudadanía" y a brindar todos los instrumentos, canales y espacios de participación que como Administración autonómica estén a nuestro alcance para hacer efectivo el compromiso en la lucha contra las desigualdades y la resistencia ante los modelos que pretenden acabar con el Estado Social y los derechos ciudadanos.

Adicae destaca la "multiplicidad" de abusos por parte de la banca

Por parte, el vicepresidente de Adicae, Fernando Herrero, ha destacado ante los medios la "multiplicidad" de abusos a los que se ven expuestos los consumidores por parte de sectores como la banca. "Se priman los intereses de este sector, que es necesario, pero al que ya se había saneado con engaños a los consumidores como los sucedidos en el caso de las participaciones preferentes, la deuda subordinada o el problema hipotecario", ha subrayado.

Igualmente, ha apuntado que otros sectores como las telecomunicaciones o las eléctricas son sectores que "pueden afectar más a la calidad de vida de los consumidores" y que centran también el trabajo de Adicae-Andalucía. Asimismo, ha destacado la "creciente cooperación con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y con la Secretaría General de Consumo en este y en otros aspectos, dentro del interés común de defensa de los consumidores y usuarios.

Herrero ha explicado las "cinco palancas" que rigen la actuación de Adicae, como son la movilización de los consumidores; la acción institucional y el diálogo que tenga en cuenta sus intereses; la interlocución con las entidades con vistas a la resolución de conflictos; y la acción judicial colectiva.

"Adicae llama a los consumidores a no caer en el conformismo, sino a tener esperanza, ya que ayer mismo se produjo una nueva sentencia favorable a la Asociación, que deja sin efecto la cláusula suelo de numerosos hipotecados de Cajamar a los que también se les devolverá el dinero indebidamente cobrado, que va más allá, por tanto, de los dispuesto incluso por el Tribunal Supremo", ha afirmado.

Por último, Herreo ha recordado también que esta organización ha exigido al Ministerio de Industria y Energía la retirada de la reforma eléctrica por considerarla lesiva para los intereses de los consumidores.