Condenan a dos guardias civiles por cohecho y falsedad documental al colaborar con narcos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos guardias civiles a un año de prisión y a diez meses, respectivamente; a la inhabilitación para ejercer uno de ellos durante un año y nueve meses y otro durante el tiempo de la condena y al pago de dos multas, por los delitos de cohecho consumado, de falsedad documental y otro de receptación, así como por abandono de destino, al considerar probado el tribunal que ambos formaban parte de una red de narcotráfico en cuyo entramado ayudaban a introducir drogas en España a través de la costa onubense.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos guardias civiles a un año de prisión y a diez meses, respectivamente; a la inhabilitación para ejercer uno de ellos durante un año y nueve meses y otro durante el tiempo de la condena y al pago de dos multas, por los delitos de cohecho consumado, de falsedad documental y otro de receptación, así como por abandono de destino, al considerar probado el tribunal que ambos formaban parte de una red de narcotráfico en cuyo entramado ayudaban a introducir drogas en España a través de la costa onubense.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia onubense también condena a otros tres miembros de la red a once meses de prisión por los delitos contra la salud pública y otro de receptación y le impone dos multas de 17.000 euros.

Cabe recordar que este juicio se celebró por segunda vez en octubre después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara la primera sentencia "por anomalías en las fórmulas" y con la ausencia de dos acusados —de nacionalidades ucraniana y marroquí— decretándose una orden de busca y captura.

Por otro lado, los otros tres miembros que se conformaron en la vista oral han sido condenados a tres meses de prisión y al pago de una multa de 240 euros.

Estas penas son inferiores a las solicitadas por la Fiscalía al contemplar la Audiencia, que también ha confirmado la validez de las intervenciones telefónicas, la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en el procedimiento.

El juez considera probado que los agentes facilitaban documentación e información a estos narcotraficantes a cambio de dinero. Las detenciones se produjeron en diciembre de 2009 cuando cuatro de los condenados custodiaban un total de 95 fardos de hachís, los cuales estaban almacenados en el salón y en otras dependencias de una casa ubicada en la localidad onubense de Gibraleón.

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