Poco más de una treintena de sindicalistas ha secundado este mediodía la concentración convocada por UGT y CC.OO ante la Delegación del Gobierno de Castilla y León, en Valladolid, en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 'ley Montoro', que se aprueba hoy en el Congreso.

La concentración, a partir de las 12.00 horas, ha estado presidida por una gran pancarta bajo el lema 'Es público, es tuyo, sálvalo', tras la cual los participantes en la movilización, la misma que en otras capitales de provincia se han celebrado ante subdelegaciones y diputaciones, no han cesado de corear eslóganes del tipo "menos reformas y más empleo", "ley local, ley fatal" o "los alcaldes de los pueblos se han quedado sin trabajo porque al ministro montoro le importa un carajo".

Con esta protesta ambas organizaciones sindicales, convocantes de la movilización, vuelven a exigir la retirada de dicha ley por entender, en palabras del secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, Carlos López Inclán, "invade las competencias de las administraciones locales y regionales y, sobre todo, va a provocar que un montón de servicios que se venían prestando desde la proximidad recaigan en los gobiernos autonómicos o las diputaciones, lo que se va a traducir en un deterioro de su calidad".

Pero además, el representante sindical ha advertido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la nueva normativa estatal tendrá una importante repercusión en materia de empleo, "pues la única forma de ahorrar los 8.000 millones de euros que pretende el señor Montoro no sólo es por la vía de reducir la calidad de los servicios sino también de hacer lo propio con el número de trabajadores en el ámbito local", de ahí la petición de retirada y la apertura de negociaciones para una nueva Ley de Haciendas Locales que procure suficiencia económica a los ayuntamientos españoles.

Aunque el Gobierno justifica esta Ley por una pretendida eficiencia económica en la búsqueda de la reducción del déficit público, UGT y CC.OO la consideran más que dudosa, ya que, recuerdan, la deuda de los ayuntamientos apenas supone un 4% de la total de las administraciones públicas y de ese porcentaje la mayor parte recae en un número muy limitado de grandes municipios y no en los pequeños, que en Castilla y León son más de 2.500.