Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de este jueves a la sede central del sindicato UGT Andalucía, en Sevilla, para realizar un registro por orden de la jueza Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, han informado fuentes del Instituto Armado.

El registro, iniciado sobre las 10.30 horas, ha finalizado pasadas las 20.30 horas tras casi 11 horas. Según las mismas fuentes, los agentes han solicitado documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.

Fuentes sindicales han informado de que los agentes de la UCO se reunieron con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figuraba el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla.

Juan Manuel Casellas, trabajador de la organización, ha mostrado su respeto a la labor de los agentes (medio centenar participan en la operación), pero ha lamentado que no puedan realizar su labor "en defensa de los trabajadores".

Y es que este jueves había previstas varias reuniones con representantes sindicales de las federaciones de Servicios Públicos que han tenido que ser suspendidas por el registro.

La Guardia Civil, que ha efectuado detenciones también ha registrado las sedes de dos empresas relacionados con los cursos de formación de UGT-A, ambas ubicadas en Sevilla. Se trata de empresas Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur, localizada en la avenida Menéndez Pelayo, 7; y de Geosur Arquitectura y Urbanismo, en San Francisco Javier, 9.

En este último caso, los agentes han registrado el despacho del exalcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle, a quien han reclamado la documentación de Geosur, sociedad que preside, que asesoró al sindicato andaluz en dos promociones inmobiliarias.

Del Valle ha explicado que esta sociedad, que está en proceso de liquidación, asesoró al sindicato en 2006 en dos concursos públicos, uno en Sevilla y otro en Jerez de la Frontera (Cádiz), para la promoción social de viviendas.

El primero de los concursos (una promoción de viviendas en la barriada Sevilla Este) no lo ganó UGT, aunque sí se le concedió la promoción de Jerez en una parcela en la que finalmente no se edificó.

Del Valle, alcalde de Sevilla entre 1983 y 1991, ha entregado a la Guardia Civil toda la documentación que se le solicitado. Los agentes se han llevado la que han considerado más significativa, la correspondiente al año 2006, que fue cuando se adjudicó la parcela de Jerez, según el exalcalde.

Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.

Esta denuncia guarda relación con las diligencias incoadas por Alaya, declaradas secretas y derivadas de la denominada operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha expresado este jueves el "máximo respeto" de la Junta a la operación de la Guardia Civil. Sánchez Maldonado ha indicado que la Junta estará a ver lo qué ocurre.

Asimismo, el consejero ha manifestado que, tras la intervención de la Guardia Civil, no está previsto que se acelere el proceso de instrucción sobre expedientes de UGT-A que está llevando a cabo la Junta, sino que, en todo caso, si los agentes descubren determinadas "irregularidades", puede que ello obligue a tomar algún tipo de medidas a las distintas administraciones. "Pero habrá que estar a la espera de lo que ocurre", ha sentenciado.

El consejero ha indicado que la Junta continua con su proceso de instrucción sobre los expedientes de UGT-A, con la revisión de oficio en unos casos y la revisión de información en otros. Ha apuntado que hay tres meses como máximo para que el Consejo Consultivo emita su declaración de nulidad o no de los expedientes que se están analizando.

Ha apuntado que no tiene constancia de que UGT-A haya planteado alegaciones a la conclusión del funcionario instructor, remitida al Gabinete Jurídico de la Junta, planteando la nulidad de dos ayudas por importe de 1,8 millones de euros. Ha indicado que, en su momento, el sindicato tendrá la posibilidad de poder recurrir el auto final del Consejo Consultivo a ese respecto.

El secretario de Organización de UGT-A, Manuel Ferrer, ha lamentado la situación de "indefensión" del sindicato por el registro que la Guardia Civil ha llevado a cabo en su sede regional.

Ferrer, que ha acudido sobre las 16.00 h a la sede, ha dicho que no sabe qué se está haciendo y que la Guardia Civil no les había avisado del registro.

No obstante, ha manifestado que espera que el registro aporte "luz y claridad" al caso, que la federación "no defrauda" y que lo único que puede haber "son personas que se han equivocado". También ha asegurado que no está preocupado y ha recordado que la actual ejecutiva de UGT-A tomó posesión en mayo.

Ferrer está al frente de UGT-A desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla por las investigaciones de las presuntas irregularidades en la financiación de los fondos de formación.