El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), gobernado por el PA, ha convocado para las 10,00 horas de este jueves un Pleno extraordinario de apoyo al manifiesto de los familiares de las ocho personas en situación de prisión preventivas tras ser detenidas por los sucesos acaecidos el pasado día 12 en el puente Carranza, que sufrió daños que lo mantuvieron cerrado a la circulación.

Según ha indicado el Consistorio puertorrealeño, los grupos de la Corporación —PA, Ciudadanos por el Río (CPER), Los Verdes, IU, PP y PSOE— votarán una propuesta de la Alcaldía para apoyar el manifiesto de los familiares y allegados y dar traslado del acuerdo al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la Defensora del Pueblo de España, el Defensor del Pueblo Andaluz, a todos los ayuntamientos de la provincia gaditana, a la Diputación Provincial de Cádiz y a las mancomunidades gaditanas.

En el manifiesto, al que ha tenido acceso Europa Press, los firmantes aseguran ser "respetuosos con las decisiones judiciales, así como con todas las instituciones que garantizan el Estado de derecho y los cauces en los que desarrollar adecuadamente las diferentes manifestaciones de protesta que puedan realizarse. Somos conscientes de que los hechos que alteren el normal desarrollo de los acontecimientos deben considerarse como inadecuados, y que si son susceptibles de ser sancionados mediante la aplicación de las diferentes normas que regulan la convivencia, así debe hacerse".

No obstante, expresan su disconformidad con la medida tomada de decretar prisión preventiva y sin fianza a la espera de la celebración del juicio sobre ocho implicados en los citados acontecimientos. Dejan claro que dichos jóvenes "no son vándalos, no pertenecen a grupos organizados", sino que son "un grupo de jóvenes que viven un día a día sin expectativas de futuro, con un presente incierto, que contemplan con impotencia como en el seno de sus familias, y de cientos de ellas más, se cierne diariamente el fantasma del paro, la pobreza y el silencio".

Entienden que, ante la dificultad de los momentos actuales, las entidades públicas "deberían ser más comprensivas con dicha realidad, y no tomar medidas ejemplarizantes" que consideran "inadecuadas y estériles".

Aseguran que ninguno de los encarcelados ha participado "en ningún otro momento de su vida en actos de características similares", por lo que creen "desmedido y exagerado" decretar la prisión preventiva porque en el futuro pudieran participar en acciones similares.

Insisten en que "no son jóvenes agresivos que hayan participado en manifestaciones, destrozos de mobiliario urbano, cortes de tráfico, etcétera en ningún momento de su vida ni en ningún lugar". Por ello, piden "justicia social y mesura en las decisiones que con ellos se tomen", pues les consideran "víctimas de una realidad que les presiona y asfixia, como a tantos cientos de familias de la Bahía".

Aclaran, igualmente, que el pasado viernes no sucedió "ningún tipo de situación problemática" en la puerta de los juzgados de Puerto Real, donde se concentró un grupo de familias que desconocían "la dimensión social y legal de los acontecimientos", estaban "igual de asustados que los propios jóvenes" y quedaron "totalmente aturdidos y desconcertados" ante la decisión judicial de decretar prisión preventiva, que "respetamos, pero a la vez consideramos excesiva" por todo lo expuesto con anterioridad.

Por todo ello, anuncian que realizarán todas las movilizaciones y acciones que, dentro del marco de la legalidad, les ayuden a conseguir el objetivo planteado.