Francisco Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del PSOE en el anterior Gobierno municipal, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos.

Una sentencia del Juzgado Penal 2 de Sevilla explica que Fernández, como responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, adquirió en 2007 de la empresa Iturri el equipamiento necesario para ocho vehículos de bomberos por importe de 644.485 euros.

Dice la juez que la adquisición del equipamiento "se llevó a cabo sin dictar una resolución previa y sin cumplir con los requisitos y demás formalidades legalmente establecidas relativas a la convocatoria de concurso y adjudicación motivada", por lo que considera demostrado el delito de prevaricación administrativa.

El acusado tomó esta decisión "de forma unilateral, y a sabiendas de que no se estaban observando las normas del procedimiento administrativo legalmente establecido", señala el fallo.

Fernández dijo en el juicio que "nadie le dijo que había que iniciar un expediente administrativo" y que adoptó la decisión "acuciado por la situación de emergencia que reinaba en la ciudad de Sevilla en el año 2006".

La juez responde que, aún en el caso de que eso fuese cierto, "tampoco se siguió el procedimiento establecido a tal efecto en la Ley de Contratos del Estado".

Pero además la juez no tiene por acreditada dicha situación de emergencia, pues el jefe del servicio de Bomberos en aquella época, que declaró como testigo, afirmó que entonces "no había una especial situación de emergencia, no mayor que otros años".

La sentencia considera demostrado que la adjudicación se llevó a cabo "prescindiendo total y absolutamente de todas las normas vigentes en el momento, lo que determina la injusticia de la resolución y la arbitrariedad de la misma".

Entiende además la juez que "está desprovisto de toda lógica que una persona que ocupa el cargo de concejal en el Ayuntamiento y que es el delegado del servicio en cuestión afirme que desconocía que había que tramitar un expediente administrativo para adquirir un equipamiento" y "su propia experiencia y trayectoria en el cargo así lo contradicen".

Fernández, que ya no ostenta ningún cargo, fue denunciado por la Fiscalía y por el Sindicato Profesional de Bomberos, que pidió para él diez años de inhabilitación.