El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos a favor de la bancada 'popular' la Ley de medidas tributarias y de reestructuración del sector público para 2014 en la que se ha transacionado, por acuerdo de todos los partidos, una enmienda del Grupo Socialista para especificar en el plazo máximo de dos meses las normas de acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía ante la reciente aprobación de la Red de protección a las familias y ciudadanos en riesgo de exclusión.

La transación de esta enmienda permitirá desvincular las ayudas de la Renta Garantizada de Ciudadanía que estaban condicionadas al crecimiento del PIB en la Comunidad ya que en el momento que subiera por encima del 2 por ciento interanual dejarían de aplicarse dichas ayudas.

Durante el debate de la Ley de Medidas, el procurador del PSOE José Francisco Martín ha explicado que esta enmienda transacionada permitirá que "el suelo de la Renta Garantizada de Ciudadanía" no tenga "límite temporal" ni esté vinculado al incremento del PIB por encima del 2 por ciento.

En la Ley de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico que acompaña al Presupuesto se descarta subir o crear nuevos impuestos para 2014, si bien actualiza las tasas un 1 por ciento, por debajo del IPC, con modificaciones en 14 para incluir mejoras técnicas, nuevos supuestos o adaptarlas a la normativa vigente.

Esta norma incluye como principal novedad cinco beneficios fiscales para fomentar la I+D+i y favorecer que los emprendedores creen o mantengan empleo en Castilla y León, en consonancia con el principal objetivo del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera. En 2014 se mantendrán "prácticamente" todos los beneficios fiscales aprobados para 2013 con la desaparición de los que hacen referencia a los emprendedores que quedan sustituidos por los nuevos, "más eficaces y más grandes en las cantidades a deducir".

Además, se incluyen las nueve enmiendas del Grupo Popular a esta norma entre las que destaca una modificación para ampliar esa nueva deducción para fomento del emprendimiento y mejorar la capacidad de financiación de la actividad económica creadora de empleo en la Comunidad con dos novedades, como permitir la ampliación del plazo de creación de empleo en un año más (pasa de considerar sólo el ejercicio de realización de la inversión a incluir ese año más el siguiente) .

También se incorpora un nuevo apartado para habilitar la deducción de la aportación de fondos a las empresas de Castilla y León a través de vehículos de agrupación de inversores individuales que, en todo caso, deberán adoptar la forma jurídica de sociedades. "De esta forma, se abren nuevas posibilidades para la aportación de recursos y capital a las empresas de la Comunidad", ha defendido el Grupo Parlamentario que dirige Carlos Fernández Carriedo.

Además, a través de las enmiendas 'populares' se pretende facilitar la enajenación de los bienes inmuebles y derechos reales del patrimonio de la Comunidad que no resultan necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración autonómica. "El objetivo es facilitar y prever, con rango legal, la opción de efectuar subastas sucesivas, en los mismos términos que se recogen en la normativa estatal y el de otras comunidades autónomas", han explicado desde el PP.

El grupo mayoritario ha aclarado a este respecto que los ingresos obtenidos a través de estos bienes que no resultan necesarios para el ejercicio de las competencias se destinarán a garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios asumidos.

La Ley aprobada este miércoles también contempla la supresión de la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A, que depende de Economía y Empleo, y del Instituto de la Juventud, vinculado a Familia e Igualdad de Oportunidades, si bien no se prevén despidos ya que, tras tres años sin oferta pública de empleo -la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, reconoció en su día que podrán ser cuatro—, hará falta personal.