La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez ha negado este miércoles cualquier responsabilidad en el conocido como 'caso PTA' y ha criticado el "linchamiento público" al que se le somete tras publicarse que la Fiscalía Anticorrupción solicita para ella, en base al relato de unos hechos que califica de "inciertos", siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por la presunta concesión de una ayuda de forma irregular a la empresa Tecnología Innovación Sanitaria (Tinsa) para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

En un comunicado, Sánchez ha lamentado conocer la noticia a través de los medios de comunicación, lo que pondrá en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sin descartar la posibilidad de recurrir a la vía penal por ello, pues entiende que "la justicia, que más que alimentar el respeto a la presunción de inocencia de los ciudadanos alimenta su linchamiento público, deja de ser justicia para convertirse en inquisición".

Cabe señalar que, según se ha publicado, el Ministerio Público acusa a la exregidora socialista de incurrir en la comisión de presuntos delitos de malversación de fondos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en la Administración para conseguir que supuestamente una ayuda de 244.000 euros se le otorgara a Tinsa para su implantación en el PTA.

Dice Sánchez que, en contra de lo que se afirma en las informaciones publicadas y, por tanto, en contra de lo que las acusaciones sostienen en unos escritos procesales que no le ha sido notificado a su defensa, es "absolutamente falso que entre el Ayuntamiento de Jerez, o entre cualquiera de sus empresas u organismos públicos de él dependientes, y la empresa Tinsa, se produjeran flujos económicos de ningún tipo. Quien sostenga lo contrario falsea la realidad de forma deliberada", sentencia.

Abunda que el Ayuntamiento de Jerez "no satisfizo subvención alguna, ni en relación con el PTA ni con ningún otro motivo, a dicha entidad". Lo que se hizo, al igual que con otras empresas ubicadas en el PTA, fue "anunciar la voluntad de minorar, de disminuir, en el porcentaje aprobado por los organismos competentes, el precio de adquisición de los terrenos en venta".

Por tanto, "no se pagó cantidad alguna ni a esa empresa Tinsa ni a ninguna otra. Simplemente, se le ofreció la posibilidad de adquirir los terrenos, y con ello propiciar una inversión multimillonaria con la creación correlativa de numerosos puestos de trabajo, al precio acordado por las instituciones competentes".

En consecuencia, considera "descabellado" sostener la existencia de malversación de fondos públicos, pues del Consistorio jerezano "no salió ni un solo euro destinado a la repetida empresa. No hubo quebranto económico para el Ayuntamiento jerezano ni existió desembolso alguno de fondos públicos".

Igualmente, califica de "absolutamente falso" que, como se publica, actuara "a su libre albedrío y sin hacerle caso al gerente de Emusujesa" —la Empresa Municipal de Suelo de Jerez— y con la intención de beneficiar a Tinsa, dictara una resolución en la cual accedió a que Tinsa sustituyera el aval bancario para eliminar el derecho de reversión a favor de Emusujesa para el caso de incumplimiento de las obligaciones de la venta.

Dice Sánchez que lo que informó el mencionado funcionario fue que si se sustituía aval por convenio, debería hacerse para todos los adquirentes. Lo que efectivamente así se hizo, de forma que "fueron muchas las empresas instaladas en el parque a las que se eximió de la obligación de presentar aval dadas las dificultades que encontraban por parte de los bancos para adquirir dichos avales ya en los inicios de la crisis".

Posteriormente, considera que se "omite de forma intencionada" un hecho "crucial" como es que Tinsa "desistió de su voluntad de instalarse en el PTA y, por tanto, de adquirir los terrenos", lo que supone que "quedaba sin efecto la decisión municipal de disminución del precio de adquisición".

Del mismo modo, afirma que es "rigurosamente falso" que dictase, como alcaldesa de Jerez, "resolución injusta alguna tendente a beneficiar ni a la repetida empresa ni a ninguna otra".

Dicho esto, manifiesta que lo publicado "no es más que la opinión de una parte" que "yerra en sus apreciaciones y deforma la realidad". Subraya que "quienes tienen que hablar son los jueces" y confía que lo hagan en su día dictando "una sentencia absolutoria que reponga el honor mío y de mi familia, que se ha visto mancillado".