La Comisión Mixta del Congreso de los Diputados para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado al Gobierno de Cantabria a utilizar con "suficiente justificación" las encomiendas de gestión a sus empresas públicas; a continuar con la política de reducción y reestructuración del sector público autonómico, puesta en marcha a partir de 2012; y a limitar las nuevas participaciones, préstamos o ayudas a empresas privadas.

Así consta en una resolución aprobada en el mes de septiembre por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a la vista del informe de fiscalización correspondiente a los años 2008 y 2009.

En la resolución se constata la existencia de "numerosas deficiencias de índole contable y de control interno", entre ellas la no inclusión en los presupuestos de objetivos e indicadores que permitan realizar un seguimiento de su grado de consecución y la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos; o la existencia de "facturas en el cajón sin registro contable", especialmente en el Servicio Cántabro de Salud con "más de 200 millones de deuda sin contabilizar en 2008 y en torno a los 250 millones en 2009".

Entre otras recomendaciones, se destaca la necesidad de que el Servicio Cántabro de Salud y el Servicio Cántabro de Empleo muestren por separado la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera, resultados y ejecución del presupuesto, y se insta al Gobierno de Cantabria a utilizar con la suficiente justificación la suscripción de encomiendas de gestión con sus empresas públicas y a mejorar el grado de implantación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

Asimismo, se insta a la Comunidad Autónoma a diseñar e incorporar un adecuado sistema de información contable que permita identificar las actuaciones que disponen de financiación afectada para evitar el riesgo de que el remanente de tesorería financie gastos generales sin capacidad real para ello; los proyectos financiados con Fondos de Compensación Interterritorial; o los avales cancelados que han derivado en responsabilidad.

De igual forma, se insta a la Administración regional a limitar las nuevas participaciones, préstamos o ayudas a empresas privadas, de manera que, en los casos en que se produzcan tengan relación con actividades propias de la competencia autonómica y se basen en estudios e informes que examinen exhaustivamente la viabilidad y solvencia así como los riesgos derivados de la inversión en dichas empresas privadas o la concesión de avales a las mismas, para evitar situaciones que generen pérdidas de la Comunidad Autónoma en operaciones empresariales.

Asimismo, se considera necesario que se proceda a una revisión de los deudores, regularizando los saldos deudores de gran antigüedad que se consideren incobrables o constituyendo la pertinente provisión; que las bases reguladoras para la concesión de subvenciones se adecuen a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y que se establezcan criterios rigurosos en la justificación de su aplicación a los fines previstos.

CONTRATACIÓN

De igual forma, se insta a Cantabria a adoptar las medidas necesarias para que todos los órganos de contratación ajusten su actividad a los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector público y efectúen una rigurosa planificación de los contratos a celebrar, a fin de evitar, en lo posible, las sucesivas modificaciones de los contratos iniciales, así como las prórrogas injustificadas que el Tribunal de Cuentas ha observado en los ejercicios fiscalizados.

Por otro lado, se recomienda adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos.

Asimismo, se insta al Gobierno regional a "promover las medidas oportunas para dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria, y en el supuesto de que no las hubieran adoptado, implanten medidas de un mayor rigor en la gestión pública en aras de una contención del déficit en la determinación del resultado presupuestario, así como de una progresiva reducción del endeudamiento".

Sobre la política de reducción y reestructuración del sector público autonómico, puesta en marcha a partir del ejercicio 2012, se insta a Cantabria a seguir con ella, especialmente en relación con los entes públicos con objetos y actividades coincidentes, "evitando la duplicidad, amplitud o inconcreción de los objetivos sociales de los distintos entes, que atentan contra los principios de transparencia, eficacia y economía".