Este sábado se han cumplido dos años de la toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Frente a una Biblia y un crucifijo Rajoy juró el cargo ante los Reyes y vaticinó una legislatura de cambios, austeridad y "tiempos difíciles". El PP llegó al poder con mayoría absoluta pero sin anunciar en su programa electoral de 214 páginas gran parte de las reformas y recortes que se han producido en estos dos años. En este tiempo, Rajoy hay tenido que pasar del "yo no soy como usted, señor Rubalcaba, lo que no llevo en mi programa no lo haré" que dijo en 2011 en un debate electoral, al "soy absolutamente consciente de que no cumplimos nuestro programa electoral", que afirmó en septiembre de 2012 en una entrevista en el diario ABC.

Han pasado ya dos años sin que, de momento, muchos de los compromisos hayan sido cumplidos. Por contra, se han producido recortes que no estaban anunciados y se han aprobado leyes que no estaban en el ideario electoral del PP, aunque sí en el ideológico. "Quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad", señaló Rajoy. Los recortes en sanidad, educación y justicia, y una polémica reforma laboral, han provocado un gran malestar ciudadano y multitud de protestas en la calle. De hecho, más de una decena de medidas de ajuste decretadas y aplicadas por el Gobierno del PP se debaten actualmente en el Tribunal Constitucional, que deberá confirmar si se ajustan o no a la legalidad proclamada por la Carta Magna. Por otro lado, el Ejecutivo ha gobernado a ritmo de 'decretazo'. De las 61 leyes aprobadas por este Gobierno, 45 (el 73%) lo fueron mediante real decreto ley.

Si nos atenemos a la nota ciudadana que los españoles ponen al Ejecutivo en los barómetros del CIS, el ecuador de la legislatura deja un suspenso bajo para Rajoy y sus ministros. La valoración del Gobierno del PP ha bajado un 50% en estos dos años, y la intención de voto de los populares ha pasado del 44,63% de las elecciones al 34% reflejado en el barómetro de octubre. Esta es la radiografía de los dos años de Gobierno de Rajoy.

"No daré nunca dinero público para ayudar a los bancos". Sin duda, la frase que Rajoy pronunció en campaña que más le ha lastrado, teniendo en cuenta que España tuvo que recurrir al rescate bancario europeo que ya ha dado 61.000 millones a las entidades. El programa prometía "culminar el saneamiento y la reestructuración del sistema bancario. Luego, la realidad ha demostrado que la historia del rescate de las antiguas cajas nacionalizadas ha sido un cúmulo de malas noticias. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya ha asumido que se perderán la mayor parte de las ayudas a la banca. El fondo de rescate da por perdidos 36.000 millones que inyectó en Bankia, Novagalicia (NCG), Catalunya Banc, Banco de Valencia, Caja España Ceiss y BMN. Y eso que meses antes, el propio Rajoy aseguraba en el Senado que el préstamo que se había concedido a la banca española "nunca" lo pagaría el Estado, ya que las entidades financieras tendrán que devolver el dinero.

Otro de los objetivos del Gobierno era la "estabilidad presupuestaria". Hablaba mucho de ella en su programa, estableciendo incluso mecanismos para lograrla. El Gobierno aprobó la ley orgánica de estabilidad presupuestaria para desarrollar el cambio constitucional que le puso un límite al déficit.

El Gobierno también creó, a finales de este año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Un organismo que analiza las previsiones económicas de los diferentes niveles de la administración y controla el cumplimiento de sus planes de estabilidad.

No venía en el programa, pero estaba claro que el Ejecutivo del PP iba a llevar a cabo una extensa reforma laboral. Los populares ya adelantaron en el documento electoral que "promoveremos mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las condiciones de trabajo en las empresas que mejoren su adaptación a los cambios en los mercados y promuevan el mantenimiento del empleo". La reforma, aprobada en febrero de 2012, redujo la indemnización por despido improcedente, amplío las causas de despido objetivo, sintetizó las modalidad de contrato, acabó con la ultraactividad indefinidad de los convenios y permitió a las empresas descolgarse de clausulas del convenio. La reforma laboral fue recurrida ante el Constitucional y provocó una huelga general. La reforma, de momento, no ha permitido a Rajoy cumplir su principal promesa y mensaje electoral: reducir el paro. Rajoy llegó al Gobierno con 4,98 millones de parados. En noviembre de 2013 había 5,90 millones, según la EPA.

"No vamos a reducir las prestaciones por desempleo", aseguró Rajoy en campaña. Lo hizo en julio de 2012. A partir del sexto mes de paro, la prestación pasa del 60 al 50% de la base reguladora. No se modificó el periodo máximo de la duración de esta ayuda, de 24 meses.

"Impulsaremos una reforma fiscal integral para modernizar nuestro sistema tributario, haciéndolo más equitativo, más eficiente y menos distorsionador de la actividad económica", rezaba el programa electoral de 2011. El PP subió varios impuestos nada más llegar al Gobierno. El principal, el IVA: el tipo general se elevó de 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%. También se eliminó la bonificación del gasóleo profesional, se estableció un "recargo temporal de solidaridad" en el IRPF y subió el IBI. Nada de esto aparecía en su programa. Es más, Rajoy ha vuelto a incumplir lo ya incumplido. Aseguró que la subida del IRPF sería de dos años. Ahora ha anunciado que no eliminará esa subida al menos hasta 2015. También prometió en campaña eliminar el Impuesto de Patrimonio. Aún no la hecho. El Gobierno también ha creado una decena de nuevos tipos impositivos ligados al sector eléctrico, las loterías, los depósitos bancarios... No obstante, Rajoy ya ha anunciado una importante reforma fiscal para 2014 que entraría en vigor en 2015, año electoral, y que conllevaría una reducción de impuestos.

La amnistía fiscal tampoco venía en el programa del PP. Recurrida por la oposición ante el Constitucional, esta medida solo ha permitido que haya aflorado el 3% de la evasión fiscal, según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. En su opinión, la medida de regularización diseñada por el ministro Montoro recaudó menos de la mitad de lo estimado inicialmente, 1.195 millones frente a 2.500 previstos. La amnistía permitía regularizar capitales ocultos a la Hacienda pública, a cambio de pagar un 10% del total defraudado, y sin tener que pagar una sanción tributaria ni ser denunciado por fraude fiscal.

La palabra privatizar no aparece en el programa electoral del PP. En mayo de 2012 el Ministerio de Economía empezó a estudiar un plan de privatizaciones para ingresar entre 20.000 y 30.000 millones de euros. Empresas públicas como Renfe, Aena, Loterías, Puertos del Estado y Paradores están en el punto de mira. De momento, la crisis ha obligado a parar estas privatizaciones, ya que pocos inversores privados han mostrado su interés.

"Actualizaremos la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF". El programa electoral prometía que el PP recuperaría la deducción por vivienda que eliminó el Ejecutivo socialista de Zapatero para las rentas superiores a 24.000 euros. Rajoy cumplió lo prometido, pero la deducción solamente estuvo vigente durante un año, ya que a comienzos de 2013 dejó de tener validez para quienes comprasen una vivienda a partir de enero de ese año. Ahora, el Gobierno baraja la posibilidad de suprimir la deducción por vivienda con carácter retroactivo para todos aquellos que compraron un piso antes de 2013. Un decisión que afectaría a casi seis millones de hipotecados.

El drama de los desahucios ha estado muy presente en lo que llevamos de legislatura. El PP se comprometió a "reformar la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable". El Gobierno aprobó en 2012 un código de buenas prácticas bancarias, al que de momento solo han podido acogerse un 10% de las familias hipotecadas, denuncia la asociación Adicae.Y en 2013, el Ejecutivo aprobó la reforma de la ley hipotecaria, que no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El Gobierno del PP también ha recurrido ante el Constitucional la ley andaluza que permite paralizar desahucios.

El llamado 'Banco malo' tampoco estaba en el programa. Bautizado como Sareb, es el encargado de vender los activos inmobiliarios de bancos en problemas. En su primer año de vida ha conseguido vender 6.400 inmuebles y ha superado los 2.000 millones de ingresos brutos. Su plan de negocio contempla vender 34.000 inmuebles hasta 2016.

Nada de lo hecho en política sanitaria venía en el programa del PP. Y los recortes hechos en este capítulo ha tirado por el suelo los compromisos adoptados en campaña: "No habrá copago en sanidad" y "el PP se compromete a que educación, sanidad y pensiones jamás se verán afectadas por la crisis económica" fueron frases pronunciadas por Rajoy antes de llegar al Gobierno. Su programa electoral fue más ambiguo y lleno de buenas intenciones: "Adoptaremos todas aquellas medidas que garanticen el acceso universal a unas prestaciones de calidad. Estableceremos una cartera de servicios, básica y común, en el sistema nacional de salud."

Lo primero que llegó fue el repago, en junio de 2012, que fija distintos porcentajes de cobro por los medicamentos en función de la renta y contempla, por primera vez, que los pensionistas paguen una parte del precio de ciertas medicinas. Varias Comunidades han decidido no aplicarlo. Sanidad incluyó en el repago las prótesis, el transporte sanitario no urgente, muletas, sillas de ruedas y audífonos. Con este nuevo sistema, más de 450 medicamentos fueron excluidos de la financiación pública. Las protestas no se hicieron esperar. La 'marea blanca' tomó las calles para protestar por los recortes, que han supuesto la perdida de 53.000 empleos en dos años.

Otra medida no anunciada fue la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, y eso que el programa del PP abogaba por "garantizar siempre el respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de las personas con independencia de su situación legal o administrativa". Desde que entró en vigor esta medida el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno ha dado de baja 748.835 tarjetas, la mayoría extranjeros irregulares, pero también españoles mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social y los parados de larga duración a partir de los dos años de paro.

"Garantizaré siempre el poder adquisitivo de las pensiones". Otra frase que pesa sobre Rajoy. Aunque su programa dejaba entrever mejor los planes del PP: "Promoveremos que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de la vida laboral. Impulsaremos una mayor transparencia en las pensiones, reforzando la información sobre las expectativas de la pensión futura mediante un informe anual y personalizado". El 1 de enero de 2014 entrará en vigor la reforma de las pensiones, que supone un ahorro de 33.000 millones.

La reforma de las pensiones prevé cambiar su fórmula de actualización, ahora ligada al IPC, por lo que no se garantiza el poder adquisitivo como prometió Rajoy. El año que viene las pensiones se vincularán a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para las épocas de déficit (0,25%) y un techo para las de superávit (inflación más 0,25 puntos).

En su programa, el PP seguía apostando por la dependencia: "Modificaremos la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para garantizar una cartera de servicios básica y común para todas las personas dependientes, así como para garantizar la calidad y la equidad de las prestaciones y servicios". A 31 de septiembre de este año había 736.249 beneficiarios, 2.338 usuarios menos que cuando Rajoy llegó al Gobierno. Hay otras 198.000 personas en lista de espera. En este apartado también se han ejecutado recortes. La inyección económica que el Estado transfería a las comunidades autónomas (las encargadas de ejecutar la ley) se ha eliminado: 283 millones de euros menos.

Además, en noviembre de 2012, El Gobierno eliminaba la cotización a la Seguridad Social de 145.000 cuidadores de dependientes, en su mayoría mujeres. Estas cuidadoras reciben una ayuda por atender a sus familiares dependientes o discapacitados (que también ha bajado), y el Gobierno se encargaba además de cotizar por ellas a la Seguridad Social. El PP eliminó esta prestación. No estaba en el programa.

La nueva ley de Educación, la Lomce o 'ley Wert', empezó con polémica. Su aprobación generó un tremendo malestar ciudadano, en una nueva 'marea', esta vez verde, y una huelga en el sector. El programa del PP establecía una batería de 13 medidas en materia de educación que dejaban entrever la ley que preparaba el Gobierno. Obviamente de los recortes que se produjeron después no había ni una línea. Educación elevó en un 20% el número de niños por aula en primaria y secundaria, y subió las matrículas universitarias seis euros de media. No fueron las únicas medidas: se endurecieron los requisitos para acceder a las becas (lo que ha reducido en 19.500 el número de alumnos becados) y hubo un amago de suprimir la ayuda que reciben los becados por Erasmus en el extranjero.

El PP sí ha cumplido lo prometido y ha reformado la ley del aborto. El PP también se comprometió a ampliar el permiso de paternidad, "de forma acompasada a la mejora de la situación económica general, estableciendo un periodo mínimo obligatorio". De momento no se ha dado el paso. El Gobierno ha decidido retrasar la ampliación del permiso a cuatro semanas y lo ha prometido para 2014, a pesar de que el compromiso era ampliarlo el 1 de enero de 2013.

La lucha contra la violencia de género también ha sufrido recortes, y eso que el PP aseguró que combatiría de "forma efectiva contra la violencia de género, mejorando la normativa existente, adaptándola a la situación actual y reforzando los mecanismos de protección". En estos dos años, el presupuesto de igualdad se ha reducido un 47% y el de prevenir la violencia contra las mujeres cerca de un 30%.

Muchos cambios en esta materia, algunos anunciados y otros no. La reforma del Código Penal para incluir la pena de prisión permanente revisable estaba en el programa y fue aprobada este año por el Consejo de Ministros. El PP también quería reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial para que doce de sus 20 miembros fueran elegidos por los propios jueces. Esta idea no gustó nada a la oposición y a algunas asociaciones de jueces. El PP apostaba así por volver al modelo de los ochenta. Esta elección directa supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces, prácticamente controlarían siempre el Poder Judicial, ganase quien ganase las elecciones. De momento no ha habido consenso político para este cambio.

Los recortes que se han producido en Justicia tampoco estaban en el programa. El Gobierno también implantó el repago en Justicia y subió algunas tasas. Ahora hay que pagar por divorciarse o por luchar jurídicamente por una indemnización. Las tasas llevaron al sector de la Justicia a las protestas en la calle.

En materia de seguridad, el programa del PP no era muy amplio. Prometía que el Gobierno no negociaría con ETA, algo que no se ha hecho. Nada aparecía en cambio de dos leyes que se están tramitando y que han levantado mucha alarma social: la ley de seguridad ciudadana y la de seguridad privada.

La Administración iba a ser el motor del cambio, señala el programa electoral del PP, que abogaba por "reducir el número de entes y organismos del sector público". El Gobierno ha cumplido. A mediados de marzo de 2012, el Ejecutivo aprobó un plan de reestructuración y racionalización del sector público que conllevaba la eliminación de 469 entes públicos, aunque luego se amplió a 708. Como medida sorpresa (no estaba en el programa), Hacienda anunció que eliminaba la paga extra de Navidad a los funcionarios. Los empleados públicos han sufrido rebajas salariales duranta la crisis (no solo con el Gobierno del PP) y la supresión de tres días de libre disposición, aunque ahora se ha anunciado la devolución de 'un moscoso' o día de libre disposición.

La ley de transparencia también estaba en el programa. Se ha redactado, aunque parte de la oposición no la ha apoyado porque la normativa incluye 14 excepciones para negar la información a los ciudadanos. Por ejemplo, la Casa Real, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Banco de España tendrán que publicar información económica, presupuestaria y estadística, como son los contratos, los convenios, las subvenciones, los presupuestos, las cuentas anuales o las retribuciones percibidas por los altos cargos.

"Impulsaremos actividades vinculadas a la promoción de la música, el teatro y el cine español. Abordaremos un nuevo marco para el desarrollo de las artes escénicas, con especial atención a los centros artísticos nacionales y a los centros de producción". Buenas intenciones en el programa electoral. La realidad ha sido bien distinta y el Gobierno ha dado una de cal y otra de arena al mundo de la cultura.

El cine dispone de un 12% menos de fondos (48,2 millones de euros). Los museos también ven reducida sus partidas en 5 millones, lo que les deja un presupuesto de 133 millones. Otros programas sí han visto subir el apoyo público. Los teatros contarán en 2014 con 58 millones de euros, frente a los 37,7 del ejercicio pasado. Además, las artes escénicas y la música verán aumentado su presupuesto en un 33,4%. También la cultura tenía su medida sorpresa que no estaba en el programa: la subida del IVA, que pasó del 8 al 21%.

Uno de los claros ejemplos de que el programa electoral es, es muchas ocasiones, papel mojado. El PP quería "incardinar", que significa asimilar o incorporar, "la cooperación al desarrollo dentro de la estrategia de política exterior, ya que es fundamental para aumentar la eficacia de la ayuda en la relación con los países socios. La cooperación española debe tener unas señas de identidad bien definidas. Queremos una ayuda eficaz, bien gestionada, transparente, evaluable y más operativa". Buenas palabras que se han traducido en un recorte de la ayuda en cooperación. Durante los dos años de Gobierno del PP, los fondos totales destinados a la ayuda al desarrollo han descendido más de un 60%. "Un recorte doloroso" para el Ejecutivo.

"Incrementaremos la calidad y relevancia de la investigación financiada con recursos públicos, mejorando su rentabilidad social". El objetivo era claro. Pero como bien señaló Rajoy, la dura realidad le hizo cambiar de planes. En el primer presupuesto de Rajoy, el de 2012, la cantidad global asignada a la I+D+i en todos los ministerios ascendía a 6.397,63 millones de euros, un 25,5% menos de lo aprobado en 2011. En 2013 la cantidad aún fue menor, 5.562 millones. Los expertos alertaron que los recortes en I + D y la fuga de cerebros españoles al extranjeros aumentaban el riesgo de "una generación perdida" en nuestro país. Los recortes volvieron a sacar a un sector de la población a protestar a la calle.