El Tribunal Supremo ha mantenido la pena de un año de cárcel y el pago de 168.000 euros de indemnización que la Audiencia de Barcelona impuso a un mosso d'esquadra que reventó los testículos a un sospechoso al lanzarle una granada de aturdimiento en una operación para detener a dos supuestos extorsionadores.

El alto tribunal ha modificado la condena únicamente en lo relativo a la pena de inhabilitación, sustituyéndola por otra de suspensión de empleo y sueldo en el mismo tiempo (un año). Los hechos ocurrieron en noviembre de 2008, durante una intervención del Grupo Especial de Intervención (GEI) de la policía catalana en Castelldefels (Barcelona), donde esta unidad perseguía a dos hombres porque sospechaba que usaban métodos violentos para el cobro de deudas de otra persona vigilada por los agentes.

En su sentencia, el Supremo parte de los hechos considerados probados por la Audiencia de Barcelona, según los cuales el sargento jefe de la unidad decidió que la detención se ejecutase en la calle, saliendo al paso del vehículo de gran cilindrada que conducían los sospechosos, ya que eran dos hombres fuertes, expertos en artes marciales y tenían en su domicilio dos perros de raza considerada peligrosa.

El sargento entregó a sus hombres granadas detonadoras para aturdir a los sospechosos. Hasta ahí, todo correcto, valora el tribunal, que ha confirmado la absolución del suboficial, puesto que el problema no estuvo en el instrumento en sí, sino en el uso negligente o indebido del mismo que hizo el agente condenado al arrojar la granada en el regazo de la víctima cuando ésta se negó a bajar del coche.

Es decir, fue Alberto M.C., agente del GEI, el único responsable de la pérdida de un testículo y gran parte del otro por parte de uno de los sospechosos, un joven que entonces tenía 25 años y que ha quedado estéril.

Durante la operación, en la que participaron ocho agentes de este cuerpo de élite de la policía autonómica, se bloqueó con dos furgonetas policiales el paso del vehículo en el que viajaban los sospechosos.

Los ocupantes del vehículo no cumplieron las indicaciones de los agentes para que levantasen las manos y abriesen las puertas del turismo, según la sentencia, por lo que agentes rompieron los cristales del turismo, momento en que el vehículo se desplazó unos tres metros. Fue entonces cuando el mosso ahora condenado, "temiendo que el vehículo embistiese la furgoneta", lanzó una granada en el interior del turismo, aun sabiendo que el tiempo de retardo de la detonación era de dos segundos y que el artefacto iba a caer sobre el cuerpo de una persona, añade el tribunal.

La granada estalló sobre la víctima, que a raíz de la explosión perdió el testículo derecho y un 75% del izquierdo por lo que el tribunal ha fijado en unos 168.000 euros la indemnización a cobrar por las secuelas que arrastra.