El Gobierno de Cantabria ha saldado toda la deuda que mantenía en concepto de justicia gratuita hasta 2012 incluido, ejercicio este último por el que ha pagado recientemente 1,6 millones de euros.

Así lo ha anunciado en el Pleno de este lunes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, que ha sustituido a la hoy ausente titular de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, a la hora de responder a varias preguntas del PRC sobre las tasas judiciales.

En su respuesta, Fernández ha subrayado que ha tenido que ser el actual Gobierno regional (PP) el que ha saldado el "pufo" que dejaron socialistas y regionalistas en materia de justicia gratuita correspondiente al periodo 2008-2011, además de pagar "todo" lo que le tocaba por 2012.

El consejero ha afirmado que el actual Gobierno destina "más" a la justicia gratuita —2,1 millones de euros del Presupuesto, un 35% más que el bipartito PRC-PSOE, según ha dicho— y "además lo paga".

"Ustedes destinaban muy poco y lo que es peor, como hicieron en tantas y tantas cosas, no lo pagaron. Pufo tras pufo", ha dicho el consejero.

En su respuesta al PRC, que le había cuestionado por el importe de lo recaudado en la comunidad autónoma tras la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales en vigor, Fernández ha recordado que se trata de algo que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ha asegurado que, por tanto, "desconoce" esta cuantía.

Además, y también en respuesta a la regionalista Alodia Blanco ha señalado que no hay establecido ningún porcentaje de esta recaudación para las comunidades autónomas, si bien ha opinado que cuanto más se recaude por estas tasas, "más posibilidades" tendrán las CC.AA de mejorar el sistema de justicia gratuita ya que es el fin que se establece para esta recaudación.

Reforma eléctrica

En el Pleno de este lunes, también se ha debatido sobre una proposición no de ley del PSOE en la que se reclamaba la retirada de una reforma del sector eléctrico que, a su juicio, "se está cayendo a pedazos" antes de iniciar siquiera su andadura y que, a su juicio, es una "muestra" de la manera de hacer política del PP, "ajena a cualquier propuesta".

En el debate en el Pleno de esta iniciativa, que ha sido desechada, los socialistas han reclamado un pacto de Estado por la energía.

Según el diputado socialista Juan Guimerans, esta reforma eléctrica abre "una brecha social" y crea lo que ha denominado como "pobreza energética", haciendo "pasar frío" a las familias que no tengan dinero para dar al "interruptor" de la luz y el gas.

El PRC por su parte ha opinado que se trata de un "atropello" que "beneficia" a los "lobbies del sector".

En el debate de este asunto, el 'popular' Carlos Bedia ha recordado que el déficit tarifario asciende a 26.000 millones de euros, que no se puede incrementar el próximo año y ha censurado que la oposición quiera seguir igual.

Por otra parte, ha criticado que el PSOE hable de que esta reforma lleva a "pasar frío" a los ciudadanos cuando entre 2006 y 2010, estando los socialistas en el Gobierno de España, subió un 41 por ciento el recibo de la luz.

Además, la oposición ha censurado que esta reforma eléctrica trate de "forma idéntica" a las energías renovables que a otros sistemas de producción que son "muy contaminantes".

En este sentido, el PSOE ha acusado al PP de querer "demonizar" y "satanizar" las renovables.

Otros puntos

Además, en el Pleno de este lunes el PSOE ha preguntado al Gobierno regional las razones para no contestar a una pregunta escrita de los socialistas sobre los contratos adjudicados a la mercantil Sterling&Goyria, algo que el Gobierno regional ha atribuido a un "error" al pensar que la cuestión ya se encontraba contestada con la documentación "profusa" que había remitido.

Según ha explicado el consejero, con estas empresa hay suscritos cuatro contrato de auditoría en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA); Gesvican; la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía (MARE) y en la Agencia Cántabra de Consumo.

Por otra parte, los regionalistas han preguntado al Gobierno regional por la no publicación por parte del Instituto Cántabro de Estadística de determinados datos relativos a los cámpings correspondientes al mes de octubre, algo que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo en funciones, Francisco Rodríguez Argüeso, ha atribuido al achacado al secreto estadístico.