Miles trabajadores valencianos que han sido víctimas de despidos llevan un año y medio sin cobrar parte de la indemnización o del salario que les corresponde por el atasco que sufre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en la provincia de Valencia.

Esta entidad dependiente del Ministerio de Empleo es la encargada de abonar estos pagos a los empleados cuando las empresas para las que trabajaban se declaran insolventes o entran en concurso de acreedores.

Sin embargo, según ha denunciado este lunes Antonio Fernández, secretario de la junta de personal de la Administración General del Estado (AGE), "los 32.000 expedientes tramitados en la provincia de Valencia entre abril de 2012 y septiembre de 2013 aún no se han resuelto".

Fernández añade que "cada expediente puede afectar a más de un trabajador" y que actualmente "el Fogasa debe en total unos 700 millones de euros a todos estos empleados, algunos de ellos con graves problemas económicos ya que se quedaron en el paro hace año y medio".

La causa de esta situación, según las mismas fuentes, ha sido la adjudicación de parte del servicio de tramitación a una empresa externa (Tragsatec) que, dicen, no está capacitada para realizar esta tarea. "La prueba es que los expedientes que ha tramitado el propio organismo público de octubre ya están resueltos", ha dicho Fernández. Por este motivo, exige un refuerzo de personal y eliminar la externalización, que "dilata el proceso y lo encarece".

Además de los retrasos en los pagos que ha sufrido el Fogasa en virtud de la externalización, Antonio Fernández denuncia irregularidades en la adjudicación: "No se convocó concurso público y el traspaso de expedientes incumplió la Ley de Protección de Datos". Además, sostiene que los trabajadores del Fogasa "no pueden acceder a ver a los informes paralizados". Desde el Ministerio de Empleo no dieron explicaciones al respecto.