La disparidad normativa entre comunidades autónomas respecto a la aplicación del sistema de la dependencia está provocando desigualdades entre beneficiarios e inseguridad jurídica, según denuncia un informe la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).

El informe sobre la regulación de la participación económica del beneficiario de la dependencia reclama a las CCAA que refundan la normativa y establezcan unos criterios comunes para todos, independientemente del lugar en el que residan.

"Existen muchas desigualdades a la hora de regular y establecer fórmulas económicas" de renta o en los precios de referencia de cada servicio, ha señalado la coordinadora del informe, Inés de Araoz, quien ha denunciado "los recortes de derechos" que se están aplicando, que alejan a los dependientes de unas "condiciones de vida dignas".

El informe, que revisa las normativas estatal y autonómica relacionada con el sistema de la dependencia, expone que la actual regulación está provocando desigualdad territorial e inseguridad jurídica, además de que no es transparente.

Así, lamenta que los acuerdos adoptados entre CCAA y el Gobierno en los consejos territoriales a nivel general "en la práctica no resultan vinculantes" para las comunidades, por lo que "coexisten 17 subsistemas" de la dependencia.

Incluso, explica el informe de Feaps, dentro de una misma comunidad autónoma existen varias normas para regular la capacidad económica de los beneficiarios.

"Las normas que se van publicando no derogan o sustituyen completamente a las precedentes; tanta sobreabundancia y mezcolanza normativa introduce un factor de inseguridad jurídica en la personas en situación de dependencia que no sabe de forma clara a qué norma remitirse o si esta habrá sido modificada total o parcialmente por otras", ha explicado la coordinadora del informe.

A pesar de la "sobreabundancia" legislativa, el estudio constata lagunas en aspectos relacionados con la participación económica del beneficiario que no han sido regulados.

"El contenido económico del derecho de una persona en la misma situación va a variar sustancialmente dependiendo de en qué comunidad autónoma resida el beneficiario", destaca la investigación, que denuncia la inexistencia de "un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio".

Por ejemplo, señala que el límite de renta establecido para estar excluido del coste de los servicios por falta de recursos suficientes, es de 532 euros al mes en comunidades como Andalucía, Extremadura, Asturias o Madrid, que fijan un indicador de renta, conocido como IPREM.

Otras regiones establecen otro valor diferente del IPREM, como Castilla y León que utiliza para calcular el copago la pensión no contributiva o Cataluña que lo refiere al índice de renta de suficiencia mejorando el mínimo exento (569 euros al mes).

A todas estas disparidades se unen "las reformas de gran calado" durante los últimos años que "elimina los niveles para los nuevos solicitantes" y las revisiones de grado y nivel, lo que implica una reducción de la cuantía a percibir.

También expone la reducción del número de horas del servicio de ayuda a domicilio, de la cuantía del nivel mínimo de protección —una media del 13%— para los beneficiarios que ya tuvieran reconocido el derecho y la posibilidad de aplazar de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas de 5 a 8 años.

El documento rechaza que en algunas CCAA se estén estableciendo tasas que deben abonar los beneficiarios para solicitar la revisión de su dependencia.

"La discapacidad está relacionada con la pobreza", ha dicho la autora y jurista, quien ha recordado que existe la recomendación europea de que las políticas restrictivas deben ser evaluadas antes de su aplicación, que no se ha hecho, a su juicio, "porque está claro el impacto negativo que están teniendo".