La Audiencia rechaza suspender la condena de año y medio de cárcel que pesa sobre un exalto cargo de UM

Se trata del mismo tribunal que ha denegado conmutar por multa o anular los nueve meses de prisión a los que se enfrenta Matas
Antoni Oliver, exgerente del Inestur, en el banquillo
Antoni Oliver, exgerente del Inestur, en el banquillo
EUROPA PRESS

La Audiencia Provincial de Baleares ha denegado suspender o sustituir por multa la pena de un año y medio de cárcel que pesa sobre el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) del Govern y exalto cargo de Unió Mallorquina (UM), Antoni Oliver, quien aceptó esta condena en el marco de una pieza separada del conocido como caso Voltor, si bien solicitó posteriormente que le fuera conmutada por el pago de una multa.

La decisión del tribunal de la Sección Primera va en línea de la acordada con el expresidente del Govern Jaume Matas, para quien la misma Sala ha declinado suspender los nueve meses de cárcel que le fueron impuestos por un delito de tráfico de influencias. Disconforme con el auto dictado por la Audiencia, el exresponsable del Inestur ha decidido recurrirlo en súplica a fin de evitar su ingreso en prisión.

En concreto, Oliver fue condenado por un delito de malversación en concurso con otro de prevaricación administrativa, a raíz de su intervención en la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer, quien percibió hasta 13.080 euros públicos como compensación por la labor que habría efectuado para la extinta formación regionalista. Dentro de esta misma pieza, el exconseller de Turismo Miquel Nadal fue condenado a cuatro años de prisión, confirmados por el Tribunal Supremo.

Tras alegar que tanto la suspensión como la sustitución "no constituye un derecho del penado" sino que son decisiones potestativas del órgano sentenciador, el tribunal asevera que no procede aplicarlas en este caso por cuando el exalto cargo 'uemita' "no es merecedor" de este beneficio atendiendo a "la gravedad, naturaleza y entidad de los hechos por los que fue condenado".

Una conducta delictiva que desplegó, subrayan las magistradas Francisca Ramis, Rocío Martín y Gema Robles, "beneficiándose de su condición de director gerente del Inestur, organismo público dependiente de la Conselleria de Turismo, obteniendo con ello, mediante el delito, beneficio propio o de tercero a costa de los caudales públicos".

El tribunal se ampara en el artículo 88.1 del Código Penal a la hora de abundar que la sustitución de las penas de prisión que no excedan de un año -en el caso de Oliver es de año y medio- es "una facultad de los tribunales a ejercer con la debida ponderación y que en ningún caso puede tener carácter automático". Mientras que en lo que a la suspensión se refiere -para condenas no superiores a dos años-, establecida en los artículos 80 y 81, recalca que tampoco puede ser aplicada.

Cabe recordar que el caso Voltor estalló a principios de 2010 con la detención de varios exaltos cargos de UM, lo que provocó una crisis sin precedentes en el Ejecutivo autonómico, cuyo entonces presidente, Francesc Antich, decidió expulsar a todos los cargos ejecutivos de esta formación de las principales instituciones de las islas, rompiendo así el pacto de gobernabilidad firmado con los 'uemitas' en 2007, lo que le llevó a gobernar en minoría.

Circunstancias similares a las de jaume matas

Como en el caso de Antoni Oliver, las mismas magistradas delegaron sustituir por multa la pena de nueve meses de prisión que pesa sobre Matas en el marco de la primera pieza que fue juzgada dentro del caso Palma Arena, dejándole de este modo la única posibilidad de solicitar el indulto al Gobierno para poder eludir su entrada en prisión. Una vía a la que se ha acogido el exmandatario balear, quien ya ha cursado su solicitud para que le sea concedida esta medida de gracia y eludir de este modo su encarcelamiento.

La Audiencia consideraba "inasumible" para la sociedad que "el titular de uno de los poderes del Estado en la fecha de los hechos [durante la legislatura 2003-2007] cometa un delito de tráfico de influencias", lo que a juicio de la Sala constituye "un delito contra el Estado de Derecho por parte de quien ha sido presidente de la Comunidad Autónoma balear, a quien, precisamente por ostentar ese cargo, ha de exigírsele mayor imparcialidad, objetividad y probidad".

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