El PSPV pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos en la compra de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor, en virtud del acuerdo adoptado en diciembre de 2011 por el pleno del Consell presidido por Alberto Fabra y con Lola Johnson como portavoz del Gobierno valenciano y responsable de Cultura y Proyectos Estratégicos.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la portavoz de Grandes Eventos del PSPV, Eva Martínez, quien ha explicado que tuvo acceso a una serie de documentación en la sede de Circuito de Motor que aporta "indicios" de que se malversaron fondos públicos con la compra de Valmor, ya que "se conocía que estaba en quiebra" y que, además, "sus administradores podían haber incurrido en responsabilidades civiles, societarias y penales y, pese a ello, se comprometieron a exonerarles al menos por cuatro años".

A preguntas de los periodistas por esa "exoneración de responsabilidades", ha constatado que "quizá también podría ser delito" pero, sobre todo, "sirve de base para ir por la vía de la malversación de caudales públicos".

Además, ha destacado que la información consultada acredita la existencia de un contrato de fecha 19 julio de 2011, firmado por la Formula One Administration (FOA), las empresas APM Sports y Beta Prema —la primera de ellas en liquidación y la segunda, con el mismo domicilio social que la FOA, apunta—, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat y la Generalitat, en concreto por el entonces presidente, Francisco Camps, que dimitió un día después.

Al respecto, Martínez ha indicado que desconocen el objeto de ese documento, aunque "se supone que es el de la prórroga hasta 2020" del contrato para la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia. "No sabemos qué dice, pero sí que estaba sujeto a una condición suspensiva y, por tanto, aún no entraba en vigor", ha resumido.

El PSPV también ha anunciado que pedirán las comparecencias en las Corts del vicepresidente del Consell, José Císcar, de la consellera de Cultura, Educación y Deporte, María José Català, y de la exconsellera y recientemente nombrada secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, para que "expliquen el proceso de compra de Valmor".

JOHNSON,

"ejecutora" de la operación

A Johnson, la señalan como "ejecutora" de la operación y subrayan que su firma aparece tanto en la certificación del acta del acuerdo por el que se aprueba el balance de fusión entre Valmor y Circuito del Motor, de fecha 23 de noviembre de 2012, como en el proyecto común de fusión por absorción de la mercantil constituida un año antes de la llegada de la F1 a Valencia por Bancaja, Fernando Roig y el expiloto Jorge Martínez Aspar y a la que se incorporó posteriormente la mercantil Worldwide Circuit Management, firmado el 7 de junio de 2012.

Según explica Martínez, también pretenden solicitar otros contratos relacionados con la competición automovilística que, hasta ahora, "no se conocía que existieran, ni la fecha ni las condiciones económicas ni lo que se pudo pactar" y sobre las que esperan "que el Gobierno de Fabra dé información".

Aparte del contrato firmado por Camps el día antes de presentar su dimisión, han citado otros documentos como contratos con APM Sports y Beta Prima de 2007 y 2008, el contrato privado inicial de la compraventa "con compromiso de protección a los administradores" firmado en marzo de 2012 y contratos de préstamos con el Instituto Valenciano de Finanzas por importe de ocho millones y con Bancaja por otros seis millones y una póliza de crédito suscrita con Banco de Valencia por importe de 1,5 millones de euros.

Así, prevén remitir a Fiscalía tanto la "información suficiente" que poseen en la actualidad como la documentación que esperan obtener del Gobierno valenciano para que inicie diligencias preliminares para averiguar si la compra de Valmor puede ser constitutiva de un delito tipificado por el Código Penal como malversación de caudales públicos.

"se compró para nada,

Sin ningún motivo"

En este sentido, Martínez argumenta que Valmor "era una empresa pantalla" y "se compró para nada, absolutamente sin ningún motivo", en un momento en que la situación económica, a su juicio, ya evidenciaba la imposibilidad de organizar nuevas ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia.

Al respecto, subraya asimismo que "no existe ni un solo informe de la Abogacía de la Generalitat que avalase la compra de Valmor", que no se pudo inscribir en el Registro Mercantil porque "casualmente se les olvidó aportar el balance de Valmor para comprobar si tenía deudas o no y también el informe de auditoría" de la mercantil que, según asegura, mostraba que "estaba absolutamente en quiebra y debería haberse disuelto y liquidado, y no que venga a rescatarla ningún gobierno con dinero público de todos", ha sentenciado.