Los diputados autonómicos de EUPV Ignacio Blanco y Marina Albiol han dado a conocer este lunes el contrato de esponsorización deportiva entre Aeropuerto de Castellón y el Villarreal Club de Fútbol para la temporada de 2010-2011 por 4.050.000 euros más IVA, dentro de su campaña para informar a la ciudadanía "en qué se el Consell el dinero público con la excusa injustificada de la cláusula de confidencialidad".

Al respecto, Blanco ha replicado al vicepresidente del Consell, José Císcar, que no se dejarán "intimidar" por la amenaza de denuncia si continúan desvelando contratos del Gobierno valenciano con cláusula de confidencialidad y colgándolos en su web www.eldesconfidencial.com.

Es más, ha señalado que, según las fuentes jurídicas que ha consultado, no incumple el "compromiso de confidencialidad y la expresa reserva y de no divulgación ya que ésta sólo vincula a las partes firmantes" y no a EU ni a ninguno de sus diputados.

El contrato se firmó el 30 de septiembre de 2010 con la temporada ya empezada, lo que hace sospechar a EUPV que el aeropuerto de Castellón "acudió al rescate" del Villarreal al no encontrar un patrocinador privado. Los firmantes eran Fernando Roig, por el Villarreal, y Carlos Fabra y Juan García Salas por el aeropuerto de Castellón.

Además, este contrato "se solapaba" con los tres millones que recibía el equipo a través de Canal 9 y cuyo logotipo no no se ha retirado de las camisetas, lo que supone una subvención de entidades públicas por valor de siete millones de euros. De este modo, los jugadores del club castellonense llevan "en la parte central de la camiseta el logotipo de un aeropuerto sin aviones y en la manga el de una televisión que no emite".

Albiol ha señalado que "más allá de este ridículo" las cláusulas del contrato llevan a pensar a "una financiación del club a través de saqueo de las arcas públicas" además de "cubrir intereses privados" para que "60 amigachos de Fabra pudieran ir por la cara al palco del Villarreal".

Así, entre las cláusulas se encuentra la cesión por parte del club deportivo de 100 prendas y entre esas 60 localidades hay cuatro para el palco VIP, dos pases en tribuna, 28 en el palco-empresa, 25 en tribuna e incluso el pago tanto del desplazamiento como del hotel de seis personas en partidos de la Europa League. Al respecto, ha advertido de que van a reclamar al Consell el listado de todas las personas que se han beneficiado de estas entradas y conocer también que uso han dado a los equipamientos deportivos.

Además, Blanco ha explicado que éste es el último de los cinco contratos suscritos y que, según los comentarios del Síndic de Comptes y de informaciones publicadas y no desmentidas asciende a 20 millones. Asimismo, van a reclamar los contratos anteriores ya que ha recordado que la propia Sindicatura de Comptes "año tras año ha remarcado una serie de irregularidades" al considerar que "no quedaba suficientemente justificado el interés de la firma para el aeropuerto, ni el procedimiento que justificara que se hiciera 'a dedo' ni tampoco el por qué de estos cinco millones".

"cláusulas ilegales"

Blanco ha reiterado que EU se ha declarado "insumiso" a esa fórmula utilizada en contratos y de la que ha cuestionado incluso su legalidad ya que, según las fuentes jurídicas que ha consultado, sólo puede emplearse en la Administración pública por petición del empresario para proteger una determinada información comercial". "Pero —ha recriminado— aquí no se protege información sensible sobre fichajes o tácticas sino que sólo tratar de proteger el intento de malgastar el dinero público".

Por ello, ha señalado que van a hacer "una investigación exhaustiva de este sainete" del dinero público que ha ido a clubes privados de fútbol, como en este caso, incluso en época de crisis. Así, ha cuestionado "la hipocresía, cinismo y falsedad" de las administración valenciana al justificar la firma de este acuerdo en el interés del aeropuerto por apoyar actividades contra la droga, la lucha frente al sida y la cooperación para la superación de las minusvalías mientras "recortaba derechos de los ciudadanos".