Sorprendentemente, el Estado no sabe cuántas viviendas de protección oficial están vacías. Ahora, el Ministerio de Fomento está trabajando en la elaboración de un Registro Estatal de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que ofrecerá información sobre su desocupación, todo con fines estadísticos.

Fomento creará este registro de viviendas protegidas para saber cuántas están vacías a petición del Defensor del Pueblo. La información para la elaboración de este registro será proporcionada por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entre otras fuentes.

Hace unos días, la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, reconoció que, "por increíble que parezca", no existe en estos momentos "ningún instrumento" informático para poder consultar información sobre todas las viviendas que en los últimos años han recibido ayudas públicas ni para poder hacer un seguimiento de su estado y su ocupación.

El nuevo registro ofrecerá información según el régimen de protección de la vivienda, el tipo de promotor, sobre si ha estado incluida en una autopromoción cooperativa, si el inmueble está destinado al alquiler o a la venta y sobre su estado de ocupación, así como en relación a las causas de su desocupación.

La Defensora del Pueblo presentó en el Congreso de los Diputados el pasado marzo de 2013 un estudio sobre viviendas protegidas en el que se recogían las recomendaciones ahora aceptadas por el Ministerio de Fomento.

Desde la institución se señala que estas propuestas "sirven de referencia para revisar el modelo de viviendas protegidas e introducir modificaciones tendentes a evitar la existencia de viviendas desocupadas, financiadas total o parcialmente por las comunidades autónomas y los ayuntamientos".

El estudio del Defensor también recomienda que la renta de alquiler se determine de manera que sea más accesible para quienes no pueden tener una vivienda libre, y permita a las personas que disfrutan de una vivienda protegida en alquiler poder quedarse en ellas. A su juicio, es importante que la renta de alquiler no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar ni el 3% del precio determinado para viviendas del entorno por la Sareb, el banco malo.